La ley de extranjeria MATA

E l Gobierno central deja de lado las palabras conciliadoras de los primeros meses en materia de inmigración, y presenta una política centrada en la represión: elevar más los muros de Ceuta y Melilla, aumentar el control por mar en el Estrecho de Gibraltar y en las costas atlánticas de Canarias, más deportaciones, y presión sobre los países de origen para que actúen contra los inmigrantes a cambio de equipos policiales y dinero.

Con todo esto, ¿cree realmente Zapatero que parará la llegada de inmigrantes? No, sabe muy bien que nada parará los viajes mientras las condiciones de vida del llamado "tercer mundo" sigan deteriorándose a manos de las multinacionales. Y él mismo ha contribuido a impulsar este expolio del que también participan empresas españolas.

Rajoy, que ahora quiere prohibir las regularizaciones "masivas", tiene que escenificar diferencias con Zapatero, pero en inmigración los dos comparten la misma política. Con Aznar en el Gobierno hubo tres regularizaciones, y con condiciones menos duras que la última. os dos saben que fortalecer la represión y la legislación contra el inmigrante tiene altos rendimientos electora-les entre una población autóctona a la que se ha imbuido el miedo al forastero. Pero la finalidad no es que no vengan inmigrantes, sino que los que lo hagan estén bajo una presión extrema, sean una mano de obra muy dócil para el empresario y que al mismo tiempo sirvan de ejército de reserva contra los demás trabajadores/as. El precio de abaratar esta mano de obra son los miles de muertos en el Estrecho de Gibraltar y en el Atlántico.

Que este es el objetivo no declarado aunque real, lo demuestra el hecho de que el propio gobierno transporte a la península a los inmigrantes sin papeles que llegan a las costas canarias, abandonándoles sin derechos, ni siquiera el de trabajar, y sin darles qué comer y lugar donde dormir. El Gobierno sabe que la situación deviene imposible para el inmigrante y que buscará un trabajo, que normalmente encontrará. Es por eso que siempre hemos interpretado la racista y xenófoba Ley de Extranjería como una Reforma Laboral encubierta. Curiosamente, mientras Zapatero y Sarkozy discutían en la Cumbre de Madrid sobre la inmigración en el sur y en el Mediterráneo, se hacía público un estudio en Catalunya, encargado por la Consejería de Relaciones Institucionales de la Generalitat, en el que se concluía que en los próximos 10 o 15 años serán necesarios entre 4 y 7 millones de trabajadores/as, que con sus familias hacen un total de entre 6'8 y 11'2 millones de inmigrantes, para mantener el crecimiento de la producción y que -a su vez- éste es el único remedio para evitar la quiebra del sistema de pensiones.

A esta política de Gobierno y patronal de abaratar la mano de obra inmigrante hasta extremos prácticamente de esclavitud, negando los derechos más elementales y poniendo sobre estos trabajadores/as toda la presión policial, hay que oponer la lucha decidida de toda la clase trabajadora por la unidad y la igualdad. Que todos y todas tengan papeles y derechos beneficia tanto a los trabajadores inmigrantes como a los autóctonos, pues nos une alrededor de las condiciones de convenio ante la patronal.

Mantener cierto número de trabajadores/as sin papeles es el objetivo que buscan patronal y gobierno, pero si ese número crece excesivamente empieza a provocar protestas de otros sectores patronales más "legales", por la competencia "desigual", y puede haber movilizaciones de los propios inmigrantes que ven que su situación se alarga sin perspectivas de normalización. Al mismo tiempo, el Estado deja de ingresar un buen puñado de dinero de las cotizaciones correspondientes que no se declaran. En esos casos, los gobiernos de turno, sean del PP o del PSOE, han procedido a regularizar la situación.

Hace unos meses los inmigrantes de los Estados Unidos que no tenían derechos, empezaron a reclamarlos saliendo a las calles. Las moviliza-ciones se fueron multiplicando y reunieron a más de un millón. Hoy el propio Bush, que fuera el capitán de la represión a la inmigración, se plantea realizar una regularización que afectaría a 12 millones de trabajadores/as.

Este es el camino, el de la lucha de todos los trabajadores/as sin distinción, por los plenos derechos políticos y laborales para todas y todos, por la unidad de toda la clase obrera. Este camino puede incluir nuevas regularizaciones como piden los inmigrantes, pero debe cuestionar la Ley que genera racismo y marginación social, política y laboral del inmigrante: La Ley de Extranjería. Cuando el PP la endureció en la última reforma, el PSOE planteó recurso al Constitucional, pero desde su llegada al gobierno todo se guardó en el cajón del olvido.

No sólo el PSOE tiene este ataque de amnesia; también IU, CCOO y UGT, que tanto se quejaron de la ley del PP, participaron en el reglamento que la implementaba y ya no dicen nada contra ella. No se trataría de eliminar los aspectos más duros de esta reforma del PP sino de reivindicar lo que fue un simple derecho democrático burgués: el derecho a la libre circulación de personas.

Reivindicar el derecho a sobrevivir y también el derecho que tienen los pueblos ante las multinacionales y los gobiernos títeres de recuperar los recursos de sus países procediendo a la expropiación de las multinacionales. El pasado día 7 comenzaron las movilizaciones y, aunque pequeñas, fueron el primer paso. Es necesario seguir adelante.

Lucha Internacionalista nº 74 octubre 2006