POR UNA EUROPA UNIDA Y SOCIALISTA
A pocos días del referéndum sobre la Constitución
Europea, os presentamos este dossier. En él vais a encontrar artículos
que han ido apareciendo de diversos números de nuestra revista, Lucha
Internacionalista, y en Correo Internacional, la publicación de la LIT,
sobre la Constitución Europea y la UE. Hemos añadido las aportaciones
de dos compañeros que nos entregaron para la carpeta de materiales de
la jornada que organizamos en Barcelona el pasado 18 de diciembre el título
“Debates en torno a la Constitución” Europea. Son los textos
de Jaume Asens, profundizando en los mecanismos represivos de la UE, y de Miren
Etxezarreta con un análisis económico de la Constitución
Europea.
El referéndum será la primera prueba de fuego que pasará
la Constitución que consolida la ofensiva neoliberal y el poder de los
Estados contra los pueblos. Pese a ciertas oscilaciones, las encuestas continúan
ratificando las grandes líneas que trazaba la famosa encuesta del CIS:
la mayoría de los encuestados que piensan votar lo harán por el
sí; aun cuando una mayoría aplastante reconoce que no sabe qué
es eso de la Constitución Europea.
El escenario que el SÍ – el Gobierno, la patronal, las direcciones
de CCOO y UGT- nos han preparado, se basa en evitar el debate, agitar el miedo
y boicotear el No. Primero mantuvieron la Constitución encerrada bajo
siete llaves, lejos de cualquier debate. Apenas hace seis meses se celebraron
unas elecciones europeas. ¿No parece evidente que el eje central de esas
elecciones debiera haber girado entorno a la discusión sobre el proyecto
de Constitución Europea, un texto fundamental para la Unión Europea?
Nosotros así lo vimos y por esto nuestra candidatura de reagrupamiento
a la izquierda de los partidos parlamentarios (con el MIA, el PCPE y compañeros
a título individual) llevaba el nombre de “Por una Europa de los
trabajadores y los pueblos: NO a la Constitución Europea”. Pues
no, el proyecto de Constitución Europea ni se citó en la campaña,
pero, eso sí, inmediatamente tras las Elecciones los Jefes de Gobierno
decidieron aprobar el proyecto definitivo de Constitución que ahora se
somete a ratificación. Desde el bloque del Sí se agita el fantasma
del miedo. CCOO y UGT alertan de perder el tren del supuesto modelo social europeo.
“Se trata de Europa” es eslogan de campaña del PSOE, para “evitar
el aislamiento” y apelando al sentimiento europeísta. También
nos dicen que votar dejaría las manos libres a EE.UU. como única
potencia… y ¡ya se sabe! Como si lo que ellos llaman Europa no fuera
garantía de opresión imperial de otros pueblos. Tampoco dudan
en emplear el fantasma de la extrema derecha. Así Montilla nos dice que
“votar NO es votar con la ultraderecha europea”.
Para imponer el Sí no han dudado en volcar todos los recursos y boicotear
el NO. Hasta la junta electoral central les ha llamado la atención porque
la campaña por el Sí que había iniciado el Gobierno con
los recursos públicos era del todo escandalosa. Ahora, con la campaña
oficial iniciada, la desproporción es brutal. A todos los medios que
el Gobierno ha gastado “para dar a conocer la constitución”,
se añade todo los espacios en televisión y radio en proporción
a la representación parlamentaria. Este es el gobierno del “talante”.
Pero tampoco el NO desde la izquierda parlamentaria y desde posiciones nacionalistas
ha querido modificar este panorama. Primero se dedican a marearnos con la discusión
de las lenguas en la Constitución, que no a reclamar el derecho de autodeterminación
de los pueblos oprimidos. Después se dedican a cualquier cosa menos a
ponerse a organizar un movimiento por el NO. Pero lo que ocurre es que esta
izquierda parlamentaria por el NO (IU, ERC, IC) está más pendiente
de encontrar un hueco o participar del Gobierno que de rechazar este texto constitucional
que va contra los trabajadores y los pueblos europeos.
El no a la Constitución tiene que ser el NO a la UE. Porque no cabe dentro
de esta Unión una constitución que nos sea favorable ni “otra
Europa posible”. Esta es la Constitución que se corresponde a la
UE, que es un proyecto de largo alcance de las patronales europeas por intermediación
de los Estados contra los trabajadores y los pueblos. Y, en este contexto, la
Constitución es un escalón más, que tiene que pintar de
inevitabilidad los nuevos recortes que nos preparan .
Sólo en la movilización podremos encontrar la clave para revertir
la situación… y ¡hay que intentarlo! La lucha del NO deberá
continuar, sea cual sea el resultado, en las luchas cotidianas – contra
la privatización de RENFE, IZAR, universidad o servicios públicos,
contra las deslocalizaciones o por las libertades individuales y como pueblos.
El NO a la Constitución Europea hay que organizarlo. Hemos tenido ejemplos
de iniciativas positivas como la de los Sindicalistas por el No desde Madrid,
que en Catalunya recogen la Xarxa contra els tancaments i la precarietat o la
corriente de Opinión de CCOO en Girona. Y con las movilizaciones del
11 –con “los tres tenores” (ZP, Srhroeder y Chirac) a los cuales,
por desgracia de ZP, se ha añadido a última hora el impresentable
Berlusconi- y del 12 de febrero en Barcelona está la última gran
oportunidad que sirva para hacer confluir el trabajo de base .
¡NO a la Constitución Europea y NO a la Unión Europea!
!El 11 y 12 de febrero todas y todos en Barcelona!
!El 20 de febrero, todas y todos a votar NO!
Cronologia
1946.- Winston Churchill hace una llamada
en Zurich a favor de la creación de los Estados Unidos de Europa.
1947.- Discurso de Harry Truman el 12 de marzo y el del general Marshall en
Harvard el 5 de junio. Desarrollan la “doctrina de la contención”,
donde se justifican los créditos para la reconstrucción de Europa.
1948.- Se hacen efectivos esos créditos. Surge el primer organismo europeo,
la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE).
1949.- Creación del Consejo de Europa, organismo intergubernamental aún
existente. Se funda la OTAN que marcará la política militar europea.
1950: Robert Schuman, ministro de Exteriores de Francia, hace pública
una declaración por la que el Gobierno francés "propone colocar
el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero
bajo una alta autoridad común”.
1951.- Francia, la RFA, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman
en París el Tratado de creación de la Comunidad Europea del Carbón
y el Acero (CECA).
1953.- Represión de los obreros de Berlín por tropas soviéticas
1956.- Represión de los obreros de Hungría por tropas soviéticas.
1957: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo firman
en Roma los tratados de creación de la Comunidad Económica Europea
(CEE) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).
En el tratado de la CEE se establecen como instituciones la Asamblea, el Consejo,
la Comisión y el Tribunal de Justicia.
1959: Se crea la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Los miembros
fundadores son: Austria, Dinamarca, Noruega. Portugal, Reino Unido, Suecia y
Suiza.
1961.- Irlanda, Dinamarca y Reino Unido piden la adhesión a la comunidad
europea. Son rechazados en ese momento, sobre todo por la oposición de
Francia a Gran Bretaña.
1962.- Se crea la Política Agraria Común (PAC), hacia el mercado
único agrícola.
1963.- Veto de Francia al ingreso del Reino Unido en la CEE.
1965.- Se aprueba la fusión de los órganos ejecutivos de las tres
Comunidades: CEE, CECA y EURATOM. Francia se opone a aceptar el voto mayoritario
en la PAC.
1968.- La CEE concluye el desarme arancelario. Primavera de Praga
1970.- Firma de un acuerdo económico preferencial con la España
franquista.
1972.- Noruega rechaza en referéndum su ingreso en la CE (53,5% de votos
"no").
1973.- Incorporación del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca en la CEE (9
miembros). Crisis del petróleo.
1974.- Se crea el Consejo Europeo o Cumbre.
1975.- Convenio entre la Comunidad y 46 estados de África, Caribe y Pacífico.
1977.- El Estado Español solicita adherirse a la CEE e ingresa en el
Consejo de Europa.
1979.- Sistema Monetario Europeo. El "ecu" (moneda virtual) se convierte
en la unidad monetaria europea. Primeras elecciones al Parlamento Europeo.
1981.- La CEE se amplía a diez miembros con la adhesión de Grecia.
Represión de Solidarnosk
1982.- Groenlandia, provincia autónoma danesa, se retira de la CE tras
un referéndum.
1986.- España y Portugal ingresan como miembros de la CEE. 12 miembros.
1987.- Entra en vigor el Acta Única.
1989.- Austria solicita la adhesión a la CE. Caída del Muro de
Berlín. La CE diseña el programa PHARE (programa para la reforma
económica y política de países del Este).
1990.- Firma de un acuerdo con Bulgaria y se crea el BERD (Banco Europeo para
la Reconstrucción y Desarrollo de la Europa del Este). Reunificación
alemana, que supone ampliación de la Comunidad ya que se incorpora la
antigua RDA.
1991.- Cumbre de Maastricht, los jefes de Estado o de Gobierno acuerdan el proyecto
de Tratado de la Unión Europea, con una moneda única, administrada
por un banco central independiente y Política Exterior y de Seguridad
Común.
1992.- Independencia de Croacia y Eslovenia. La UE manifiesta su intención
de ampliar sus fronteras hacia el Este. La CE reconoce la independencia de Bosnia
y Hercegovina. Dinamarca rechaza en referéndum el Tratado de Maastricht.
1993: Entra en vigor el Mercado Único Europeo. Los daneses dan el "sí"
al Tratado de Maastricht, con un 56%. Nace oficialmente la Unión Europea,
UE.
1994.- Los noruegos rechazan su ingreso en la Unión Europea, con un 52,2
% de "no".
1995.- Se amplía la UE a quince miembros con la adhesión de Suecia,
Finlandia y Austria. Entra en vigor el tratado policial de Schengen entre España,
Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y Alemania. El resto
de los miembros de la UE se han incorporado posteriormente, excepto Reino Unido
e Irlanda.
1997.- Firma del Tratado de Amsterdam. Se plantea la creación de una
figura que encarne la Política Exterior y de Seguridad Común.
1998.- Se crea el Banco Central Europeo y
la Oficina Europea de Policía
1999.- Dimisión d(Europol).e la Comisión
por "mala gestión" y "falta de control" en irregularidades
detectadas. Se nombra a Javier Solana como primer "Mister PESC" (Política
Exterior y de Seguridad Común).
2001.- Tratado de Niza (movilizaciones, represión).
2002.- El euro entra en circulación en 12 de los 15 países de
la UE; el Reino Unido, Suecia y Dinamarca se autoexcluyen. Semestre de presidencia
española. Consejo Europeo de Barcelona (movilizaciones). Consejo Europeo
de Sevilla (movilizaciones).
2003.- Presentación del proyecto de Constitución Europea. Consejo
Europeo de Salónica (movilizaciones, represión).
2004.- Adhesión de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia,
Lituania, Malta, Polonia, Chequia y Chipre. Elecciones al Parlamente Europeo.
Firma en Roma del Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europa.
2005.- Referéndum sobre la Constitución Europea en el estado español.
Turquía empieza negociaciones para integración en la UE.
Declaración de la LIT-CI en el Forum Social de París. 15/11/03
No a la Constitución de la Europa del capital y la guerra
La Liga Internacional de los Trabajadores - IV Internacional (LIT-CI) saluda a todos los activistas y organizaciones anticapitalistas presentes en el Forum Social Europeo de Paris-St. Denis.
Este importante Encuentro tiene lugar en medio de una grave crisis de la ocupación colonialista de Iraq, precisamente cuando los gobierno europeos “democráticos” muestran su auténtico rostro al unirse al gran socio imperialista, al legalizar en el Consejo de Seguridad de la ONU la recolonización armada de Iraq. Mientras, su rivalidad a quedado reducida al no envío de tropas y a esquivar la recolecta para una “reconstrucción” monopolizada por las multinacionales americanas. Incluso el mismo papel de la ONU, como organismo al servicio de la dominación imperialista, ha quedado claro para los pueblos del mundo.
Esta política del imperialismo europeo está en concordancia con su apoyo formal al informe Solana, cínicamente titulado “Una Europa segura en un mundo mejor”, donde se quitan la máscara pacifista para copiar el discurso reaccionario de “la guerra infinita” de Bush y donde se inscriben en la doctrina militar de las “acciones preventivas”, sosteniendo “la intervención precoz, rápida y, si es necesario, firme de la Unión, en cualquier lugar del planeta”. La UE, reconociendo la indiscutible supremacía militar de los EEUU, quiere afirmarse como “potencia de envergadura mundial” también en el plano militar, buscando que los norteamericanos la reconozcan como “aliada” y no como vasallo; por eso ellos reclaman que las intervenciones se hagan bajo la cobertura de la ONU, en la cual ellos disponen de derecho de veto.
El Foro ha tenido también lugar en plena ofensiva de los principales Gobiernos europeos contra los derechos y conquistas de los trabajadores: con ataques generalizados contra las pensiones, las prestaciones de paro, la sanidad y la educación públicas, con despidos masivos en las grandes empresas y la privatización estatales y de los servicios públicos. Su objetivo no es otro que hacer retroceder las conquistas sociales y las libertades políticas al período anterior a la II Guerra Mundial.
A nombre de que las pensiones serán insostenibles, todos aplican la misma receta: retrasar la edad de jubilación, extender la base de cálculo para reducir el monto de las pensiones, aumentar los años mínimos de cotización y reforzar los planes privados controlados por la gran banca. Pero no olvidemos que, al mismo tiempo que recortan radicalmente las prestaciones sociales, ellos bajan masivamente los impuestos a las empresas y a los ricos.
Un elemento clave en la actual ofensiva es la tentativa de imponer una Constitución europea que garantice este curso reaccionario. Después de octubre, los Gobiernos europeos se reunieron para poner a punto el proyecto elaborado por una Convención antidemocrática de notables. Ellos continúan peleándose a propósito del reparto de poderes y de la inclusión de las “raíces cristianas”. Pero no hay duda que el texto que finalmente saldrá y que someterán enseguida a referendums de legitimación, es una Constitución antidemocrática, neo-liberal e imperialista: la constitución de la Europa del Capital y la Guerra.
UNA CONSTITUCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA
La Constitución pretende servir de cobertura a las tendencias hacia un “Estado fuerte”, cada vez más autoritario y sin control.
El mismo proceso de elaboración de la Constitución, el desprecio hacia los pueblos de Europa, es un ejemplo de la manera de actuar antidemocrática de los Gobiernos. La Constitución no es para nada el fruto de una soberanía popular sino una simple “carta otorgada” por los dirigentes. Una carta que, una vez aprobada, se convertirá en inamovible puesto que será imposible modificarla si un solo país miembro se opone.
Esta Constitución ha eliminado toda referencia a los pueblos de Europa y no deja ninguna duda de que sólo los estados actuales tienen la palabra y que las naciones sin estado no tienen ningún lugar en la UE y deben abandonar toda esperanza de ver reconocido su derecho a la autodeterminación. Pero la Constitución va aún más lejos: aprueba las medidas represivas que los estados puedan aplicar contra esta legítima aspiración de los pueblos, como el Estado Español que se reafirma en sus “funciones esenciales” de “garantizar la integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad interior”. Es evidente que las serias amenazas del gobierno de Aznar contra los vascos han encontrado eco en el actual proyecto de Constitución.
La Constitución consagra “un espacio policial y judicial europeo” que favorezca la arbitrariedad de los gobiernos, dotados de una legislación cada vez más represiva y autoritaria. Lo que se llama “Cláusula de Solidaridad” es especialmente amenazador puesto que establece que la Unión movilizará todos los medios, “incluidos los militares”, para “prevenir el riesgo de terrorismo y proteger las instituciones democráticas”. Pero, ¿quién evalúa ese riesgo y de qué hay que proteger a las “instituciones democráticas”?
Esta Constitución pone en pie una estructura burocrática fuera de control, en que los gobiernos más fuertes y la alta burocracia de Bruselas, confundidos con las multinacionales, pretenden continuar dictando los destinos del continente, con un Parlamento europeo que les sirva de cobertura democrática para sus ataques.
UNA CONSTITUCIÓN NEOLIBERAL
La prensa se está haciendo eco del papel escandaloso de los lobbies, de los grupos de presión de las grandes empresas, frente a las instituciones europeas. La organización patronal europea UNICE es un buen ejemplo: “una verdadera máquina con capacidad para analizar hasta la última coma los proyectos de textos legislativos, con el fin de introducir las posiciones patronales antes de que esos proyectos sean “escupidos” de vuelta al proceso de toma de decisiones”. De la misma manera, “la relación entre el mundo de los lobbies y el de las instituciones comunitarias es casi de ósmosis, con un trasbase continuo de personal de uno a otro lado” (El País, 12/10/03)
La Constitución europea consagra este estado de cosas y legitima la
ofensiva del gran capital europeo para poner fin a las conquistas de los trabajadores.
Consagra un espacio único en que el gran capital puede hacer y deshacer
a su gusto, puede desplazarse en completa libertad, convertir los salarios en
precarios y disminuirlos, cerrar las fábricas y transferirlas a los países
del Este o al Tercer Mundo para explotar los bajos salarios y la ausencia de
derechos.
Particularmente grave es el hecho de que la Constitución acepte como
correcto, por omisión, el Acuerdo General para el Comercio de Servicios
(AGCS), propuesto por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y aceptado
con entusiasmo por la UE. Este acuerdo pretende asegurar que ningún estado
miembro pueda resistirse a la privatización de los servicios públicos:
establece un tribunal dependiente de la OMC que hará valer – con
sanciones y castigos que lo apoyan - las pretensiones de las multinacionales
frente a toda legislación estatal que ellos consideren como un obstáculo
al “libre comercio”.
Por contra, no hay ningún “espacio social único” que garantice constitucionalmente un mínimo europeo de derechos sociales. Lo que se llama la “Carta de Derechos Fundamentales”, es una insolencia frente a esta necesidad: constituye una “armonización a la baja” de los derechos actualmente reconocidos, que son de por si extremadamente precarios o inexistentes en muchos de los paises del Este. Incluso el “derecho al trabajo” a sido reemplazado por el “derecho a trabajar”. Entre tanto, la Comisión europea podrá promover y coordinar la política económica al servicio del gran capital; las politicas sociales y fiscales estarán siempre bajo la competencia de los estados miembros. El Banco Central Europeo estará siempre fuera de cualquier control y el déficit cero se transformará en norma constitucional. No hay siquiera permiso para que aparezca la referencia cínica a la « democracia social avanzada » , que ha quedado condicionada al mantenimiento “de una alta competitividad. La Constitución garantiza igualmente una Política Agrícola Común (PAC) que ha sido denunciada por todas las organizaciones de pequeños agricultores porque llevará a la ruina a cientos de miles de ellos, en beneficio de los grandes terratenientes y de las grandes empresas agrícolas, orientadas hacia la exportación subvencionada y beneficiarias de la parte del león de las subvenciones agrícolas.
UNA CONSTITUCIÓN XENÓFOBA Y CONTRA LOS
DERECHOS DE LAS MUJERES
El proyecto de Constitución define una Europa xenófoba, transformada en fortaleza frente una inmigración que ella misma provoca con la explotación de los paises dominados. Crea ciudadanos europeos de primera y de segunda clase abriendo la puerta al establecimiento de una categoría inferior a la de ciudadano pleno para los “residentes de larga duración no comunitarios”. El ministro danés de “la integración”, Bertel Haarder, ha dado bien el tono de los gobiernos recientemente, incitando a los ayuntamientos a asignar a los inmigrantes beneficiarios de asilo político “los trabajos más sucios y menos pagados”, en lugar de “dejarlos vivir de la ayuda del Estado” : “Hay que ponerlos a despellejar visones y a trabajar con los cerdos. Ningún trabajo debe ser poco para ellos. La Constitución no reconoce tampoco los derechos de las mujeres, en particular el derecho a la contracepción y el aborto, ni los plenos derechos a las uniones de hecho.
UNA CONSTITUCIÓN IMPERIALISTA
La Constitución consagra esta Europa que garantiza la nueva doctrina militar de los “ataques preventivos” de Solana; legitima la ocupación militar de Iraq y sostiene el monopolio de las armas de destrucción masiva en manos de las grandes potencias imperialistas y de sus aliados más fieles como Israel. Una Europa imperialista que, al mismo tiempo que “respetará las obligaciones derivadas de su participación en la OTAN”, permitirá a Francia y Alemania desarrollar una fuerza conjunta, “e el marco de la Unión”.
La Constitución da carta de ciudadanía a una Europa imperialista, en que las multinacionales hacen su competencia, con los norteamericanos, en el pillaje de América latina, África y Asia, como acabamos de ver con la compañía Repsol en la “guerra del gas” que ha sido el detonante de la revolución boliviana. Una Europa volcada al pillaje de los países dominados, a través de la deuda externa y de aquello que llaman cínicamente las “ayudas al desarrollo”, transformadas en instrumento “de ajustes estructurales” que condenan a países enteros a la dependencia, la pobreza y el subdesarrollo.
Esta Constitución es también la de la recolonización de los países del Este, ricos en mano de obra especializada, buen mercado sin derechos. Estos países, traumatizados por un decenio de restauración salvaje del capitalismo e incorporados como socios europeos de segunda clase, son librados a las multinacionales europeas, que aprovechan la ampliación para obligar a los trabajadores de la actual UE “a aceptar” la pérdida de derechos y conquistas en honor de la “competitividad”. Es también la Europa que quiere recolonizar el Magreb, a través de la constitución de una “área de libre comercio”.
EL PAPEL VERGONZOSO DE LA IZQUIERDA OFICIAL FRENTE LA
CONSTITUCIÓN
El proyecto de Constitución no es sólo producto de la derecha europea sino también el fruto del acuerdo entre ella y la socialdemocracia, sin el apoyo de la cual no tendría ninguna viabilidad. En realidad, incluso buscando mucho, es imposible encontrar las diferencias entre Schröder y Blair, en lo que concierne a Chirac, Berlusconi o Aznar. Con el tiempo, no son sólo los partidos socialistas en el gobierno los que sostienen la Constitución sino también los que estan en la oposición comparten este proyecto reaccionario, comprometiéndose a respetarlo y aplicarlo cuando accedan al gobierno.
Debemos denunciar también a los antiguos partidos comunistas que, presentándose como la izquierda de la socialdemocracia, se niegan a rechazar esta constitución y le dan apoyo “con críticas”, diciendo que este es “un punto de partida”, que hay que desarrollar en un sentido “social”. Ellos también comparten la gran responsabilidad de afianzar esta Europa reaccionaria, neoliberal e imperialista.
ORGANIZAR EL FRENTE DEL NO A LA CONSTITUCIÓN
Organizar el frente del NO se transforma en una tarea prioritaria para el movimiento antiglobalización y todas las fuerzas anticapitalistas europeas, en particular frente la perspectiva de la realización de referendums en cada Estado el año próximo. Estas consultas ofrecen una magnífica ocasión para convocar a los jóvenes, los trabajadores y las nacionalidades oprimidas a demostrar un rechazo masivo a esta Europa reaccionaria, enemiga de los trabajadores, de la juventud y los pueblos.
El Forum Social Europeo en París-St. Denis es una gran ocasión para articular una campaña europea masiva por el NO. Se trata de organizar una actividad unitaria intensa, que pueda llegar hasta el último rincón del continente, destinada a desenmascarar el carácter de esta “Unión Europea” y a rechazar la Constitución que se propone.
Una campaña que permita difundir los contenidos alternativos de una Europa de los trabajadores y los pueblos, de los derechos sociales y económicos, de las libertades democráticas, de la solidaridad con los inmigrantes y los países oprimidos y de la lucha contra la guerra imperialista.
Aportación de Mirem Etxezarreta a la Jornada del 18/12/04.
Extractos del Euromemorandum de 2004 de los economistas europeos sobre la Constitución europea
La Constitución no ayuda para el Modelo Social
Europeo
El borrador de Constitución fue adoptado en un segundo intento en
la cumbre de la UE de Bruselas el 18 de junio y firmado por los jefes de estado
el 29 de octubre del 2004. Cabe apreciar la intención de pasar de una
unión básicamente económica y monetaria a una unión
política con mayor visibilidad y unidad en el mundo y mayor cohesión
interna. También es positivo que la Constitución, que ahora deberá
experimentar el proceso de ratificación, contenga cierto número
de elementos positivos como la carta de los derechos fundamentales (parte II)
y la referencia a los valores sociales y políticos en la parte I que
deben formar las bases de las instituciones y actividades conjuntas de la UE.
Entre estos elementos el valor de la solidaridad merece una mención especial
porque en el actual documento se le concede un peso mucho mayor que en los anteriores
Tratados. Y también cabe señalar positivamente el énfasis
que se pone en el carácter democrático de la UE en determinados
artículos de la parte I y II. Estos artículos deben tomarse como
criterios fundamentales y puntos de referencia en la evaluación de la
esencia y orientación general de la Constitución en su conjunto
durante el actual proceso de ratificación.
Sin embargo, debemos presentar serias objeciones a partes centrales de la Constitución.
Dejaremos de lado aquí el problema de la política de seguridad
y defensa orientada esencialmente hacia un compromiso militar más fuerte.
A pesar de que naturalmente se trate de una cuestión que nos preocupa
en tanto que ciudadanos y ciudadanas, nos limitaremos en este trabajo a la política
económica y social, que es la materia en la que nos hemos especializado
y trabajamos profesionalmente. Nuestra crítica se basa en el persistente
déficit democrático y a las normas sesgadas y contraproducentes
que la Consitución incorpora por lo que a la economía se referie.
El persistente déficit democrático
El nivel primero y más general consiste en las severas y persistentes
deficiencias en la estructura democratica y en los procedimientos legislativos
de la Union, que afectan a la Constitución en su conjunto y debilitan
su capacidad de servir como base legal estable al Modelo Social Europeo. La
deficiencia más importante es el hecho de que el Parlamento Europeo,
a diferencia de cualquier otro parlamento de las sociedades democraticas, sigue
sin tener el derecho a iniciar actos legislativos de la Union. Sólo puede
pedir a la Comisión que haga propuestas legislativas , pero la Comisión
no está obligada a aceptar dichas peticiones (aunque deba explicar los
motivos para no hacerlo, Art.III-332) y si tales propuestas no se aceptan no
es posible la legislación al respecto. Otro punto a tener en cuenta es
que, a pesar de que se ha más que duplicado el número de áreas
en las que el Parlamento Europeo (PE) puede intervenir en el proceso legislativo,
las cuestiones centrales como la fiscalidad y los intereses y derechos de los
trabajadores siguen quedando fuera de alcance del Parlamento. A estas áreas,
la Convención ha añadido la eliminación de la participación
e intervención parparlamentaria en las negociaciones sobre el comercio
(Art.III-315), aunque el PE conserva el derecho a rechazar sus resultados. Este
aspecto es especialmente problemático en relación a las negociaciones
en curso para la pretendida liberalización total de los mercados de servicios
en el marco del GATS. Tampoco es cierto que la elección del presidente
de la Comisión por el Parlamento a partir del 2009 vaya a ser un gran
proceso democrático, porque la Comisión sólo puede confirmar
o rechazar el candidato que propone el Consejo Europeo. Finalmente, es un claro
retroceso que en el último minuto los jefes de estado introdujeran cambios
en las declaraciones y “explicaciones” anexas al texto de la Constitución
en el sentido que los derechos sociales esenciales de la “Carta de los
Derechos Fundamentales de la Union” retroceden y disminuyen hasta quedar
en la dimensión de cada nivel nacional. Por ejemplo, en el Art. II-88
de la Carta se dice que los trabajadores tienen el derecho “a negociar
y concluir convenios colectivos, en los niveles adecuados, y, en caso de conflicto
de intereses, a emprender acciones colectivas para la defensa de sus intereses,
incluída la huelga”. Pero en las correspondientes “explicaciones”
se dice: “Las modalidades y límites para el ejercicio de las acciones
colectivas, inluida la huelga, deben someterse a las leyes y prácticas
nacionales, incluyendo la cuestión de si puede producirse en paralelo
en diversos estados miebros”. Según la Carta cabía esperar
el reconocimiento del derecho de huelga para toda la Unión, pero en las
explicaciones – que sólo en el último minuto se añadieron
como parte integrante del texto constitucional y que “serán tomadas
debidamente en cuenta por los órganos judiciales de la Unión y
de los Estados Miembros” (Art. II-112) – dicho derecho queda claramente
revocado.
Sesgadas y contraproducentes: las reglas para las políticas
sociales y económicas
En relación a las provisiones sobre política económica y social de la Unión que figuran en la parte III de la Constitución denunciamos que el actual curso neoliberal de la política económica y social se haya transformado en un imperativo constitucional. Con ello se cierra en la práctica cualquier cambio de orientación. Creemos que la política económica y social de la UE es errónea y la ha conducido a una senda de crecimiento lento, alto desempleo y creciente desigualdad. Pero aun en el caso de que no fuésemos críticos con dicha política seguiríamos pensando que las políticas económicas y sociales deben quedar abiertas al debate científico y político y a cambios de orientación si los resultados de la crítica y el debate o nuevas mayorías políticas propician dichos cambios. Ya ha sucedido con anterioridad y no debe cerrarse a cal y canto la puerta a nuevos cambios, que es exactamente lo que ha hecho la Convención. Simplemente, no ha querido darse cuenta del hecho de que la evidencia empirica de los últimos 10 años no confirma el enfoque teórico de la política económica que subyace en los Tratados de Maastricht y Amsterdam. También ha querido ignorar la amplia discusión suscitada acerca de y las críticas a la agenda política neoliberal. Si hubiera querido enterarse se habría mostrado más cauta en sus prescripciones y más abierta a nuevos conocimientos y recomendaciones de políticas. Esto no se ha hecho y ello hace extremadamente difícil y a todos los objetivos prácticos imposible, cambiar la orientación de la política económica, como ya se había hecho en el pasado. Da la sensación de que quienes hacen las políticas han aprovechado la oportunidad de protegerse a sí mismos de las consecuencias de la crítica teórica y de los rechazos y las consecuencias políticas del creciente desempleo y desigualdad congelando la agenda neoliberal en la Constitución y haciéndola prácticamente invulnerable. Con ello no sólo toman una actitud profundamente acientífica, sino también un procedimiento ademocrático. A partir de estas críticas llegamos a la conclusión de que cualquier Constitución debería ser más abierta que la actual. Debería contener y anclar los valores, objetivos e instituciones básicos del Modelo Social Europeo y dejar determinadas reglas y procedimientos de su funcionamiento – por ejemplo, los procedimientos de control y sanción de los déficits excesivos – a las leyes y regulaciones europeas.
Nuestros puntos de crítica más específicos sobre la orientación de la política social y económica de la Constitución son los siguientes:
La competencia como principio rector de la economía.
La Constitución mantiene el marco téorico general de la economía del bienestar neoclásica según la cual los derechos de propiedad, los mercados libres y abiertos y los precios estables son condiciones necesarias y suficientes para el bienestar económico y social general. El mercado y la competencia son el marco glonal del desarrollo económico. En este sentido la Constitución repite las formulaciones carentes de sentido de los Tratados cuando impone “el principio de una economía de mercado abierto con libre competencia que favorezca una eficiente asignación de recursos…” transformando una hipotesis (basada en numerosos supuestos muy discutibles) en una obligación legal. Se permiten ciertas excepciones a la regla de la competencia, pero sólo bajo ciertas circunstancias estrictamente definidas y que deben ser rígidamente vigiladas en lo que a su prolongación en el tiempo se refiere. El complemente teórico e histórico que representa la otra cara de la economía de mercado dirigida por la competencia, o sea, un sector público bajo control político democrático, queda totalmente excluido tanto del texto de los Tratados como de la Constitución. Los servicios públicos, un concepto central en la tradición de la mayoría de los estados miembros, se mutilan y convierten en “servicios de interés económico general” en los Tratados y dicha formulación se repite en la Constitución (III-122). La discusión que se inció en los últimos años sobre la necesidad y funciones de un sector público democrático como un pilar necesario para una buena actuación económica y la cohesión social y bienestar para todos no ha encontrado su reflejo en una perspectiva más amplia en la Constitución . Por el contrario, la nueva provisión del artículo III-122 muestra de nuevo la prioridad de las reglas de la competencia como principio fundamental y al invocarla en el art. III-166 y III-167 da a los servicios de interés económico general un espacio de maniobra muy reducido. Esta asimetría sintoniza perfectamente con las actividades de la Comisión que pone el mayor empeño en completar el mercado único y en particular en crear un mercado único para los servicios, mostrándose por otra parte muy reticente en tomar medidas que estabilicen y refuercen los servicios de interés general. La Convencion ha adoptado la visión neoliberal de que la democracia acaba donde empiezan los negocios.
Competencia ruinosa y dumping social.
A pesar de que el número de decisiones del Consejo que deben tomarse por unanimidad ha disminuido de forma considerable, las que quedan se refieren a áreas esenciales para el desarrollo económico y social de la UE, en concreto los impuestos, el libre movimiento de personas y los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras. La falta de un marco de regulaciones comunes en estas áreas propiciará una ruinosa competencia y el dumping social. La competencia fiscal que ya empezó hace años se ha exacerbado después del ingreso de los nuevos países y mina las bases financieras de la política a favor de un crecimiento sostenible, el pleno empleo y el bienestar social de los estados miembro, así como a nivel europeo. La competencia entre salarios bajos y menores beneficios sociales no sólo actúa contra los valores de solidaridad que se invocan con frecuencia en la parte I y II de la Constitución. También reducen el consumo privado como componente más importante de la demanda agregada y hacen depender el crecimiento económico de excedentes por cuenta corriente cada vez mayores, difíciles de mantener. Por ello sería de desear que se tomasen medidas a nivel europeo contra una competencia fiscal excesiva y contra el dumping social adoptando ciertos niveles mínimos en fiscalidad, condiciones de trabajo, salario mínimo y seguridad social. Estos niveles no deberían venir determinados por la Constitución, sino por una ley europea. Si para la promulgación de dicha ley se requiere la unanimidad – como en el caso de la Constitución (art. III-210) – es muy dudoso que nunca se apruebe y que se alcancen dichos niveles. La perspectiva alternativa de que cierto número de estados miembro introduzcan dichos niveles mínimos en un marco de “incremento de la cooperación” puede representar una manera de salir del impass, pero generará nuevos problemas de división en el seno de la UE.
Política macroeconómica contra el crecimiento y el pleno empleo.
Las provisiones de la parte III de la Constitución sobre política
monetaria y económica no tienen en cuenta las formulaciones progresistas
de la parte I y por tanto no se pueden transformar en las concreciones progresistas
correspondientes. A pesar de que desde hace más de una década
se están experimentado las dañinas consecuencias que para el crecimiento
y el empleo tiene una política monetaria y fiscal abiertamente restrictiva,
la Constitución mantiene las estrechas y detalladas reglas de los Tratados
de Maastricht y Amsterdam y les da el estatus de imperativos constitucionales.
- Aunque no se puede negar y no se niega que la política monetaria tiene
influencia en el crecimiento y el empleo, la Constitución mantiene la
prescripción de que la política monetaria europea no debe cooperar,
ni coordinarse, ni donde sea necesario buscar un compromiso entre los diversos
objetivos macroeconómicos de crecimiento, empleo y estabilidad de precios,
sino que debe considerar a este último como el objetivo rector al que
deben subordinarse el resto de objetivos. El apoyo a la política económica
general de la Unión se condiciona al mantenimiento de la estabilidad
de precios. Es evidente que el control de la inflación es un objetivo
deseable para la política económica, pero también lo es
la estabilidad en el empleo (con altas tasas de empleo), un desarrollo sostenible
y el bienestar social. Si no pueden alcanzarse todos los objetivos a la vez,
la política económica debe tomar compromisos y determinar las
prioridades a seguir. Para ello es precisa la cooperación, la discusión
y procedimientos de toma de decisiones democráticos. Pero las normas
por las que se rige la política monetaria impiden dicha coordinación
asignando una prioridad constitucional a la estabilidad de precios. Dicha asimetría
viene apoyada por la provisión de que el BCE actúa con completa
independencia y ninguna institución europea (incluyendo el Parlamento
Europeo) ni ningún estado miembro deben intentar ejercer ninguna influencia
en su política. Este procedimiento es contraproducente y no democrático.
- Las reglas de la política fiscal de la Constitución se limitan
a la prescipción de que los estados miembros deben evitar déficits
públicos excesivos, los cuales a su vez se definen en el protocolo correspondiente
como déficits superiores al 3% del PNB. Esta norma, que se remonta al
Tratado de Maastricht de 1992 y se reforzó en 1997 con el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento (PEC) (haciéndolo incluso más severo al situar la
exigencia de un presupuesto equilibrado en el ciclo económico y poniendo
el límite máximo de déficit en el 3 por ciento) ha tenido
también efectos dañinos en el desarrollo de la economía
europea de la pasada década. El hecho de que un número creciente
de países lo fueron rompiendo en los últimos años desencadenó
la discusión sobre la necesaria reforma del PEC y su substitución
por unas regulaciones más flexibles que promovieran el crecimiento. Sin
embargo, si las reglas sobre el déficit de los Tratados se trasladan
a la Constitución no cabe la posibilidad de asignar un abanico de tareas
más amplio a las políticas fiscales. Un enfoque más amplio
consideraría los presupuetsos públicos como un instrumento importante
para promover la actividad económica, el empleo y el bienestar; el criterio
que mida unas finanzas públicas solidas debería ser su comportamiento
en relación a dichos objetivos en vez del equilibrio presupuestario.
La reforma del PEC reforzaría la coordinación de la política
fiscal en el sentido positivo de actividades conjuntas para la provisión
de los bienes públicos europeos, la estabilización económica
y la cohesión social. Pero el redactado de la Constitución presenta
un obstáculo para unas reformas tan necesarias.
- Un elemento adicional contraproducente en relación a las finanzas públicas
es la provisión (en Art. I-53,2) de que el presupuesto europeo no debe
incurrir en ningún tipo de déficit (y no sólo evitar los
déficits “excesivos” como se exige para los estados miembros).
También esta regla excluye la flexibilidad financiera de la UE que, sin
embargo, sería necesaria para que la Unión tuviera poder y credibilidad
para actuar como representante de los pueblos europeos.
No existen instrumentos europeos efectivos para promover el empleo.
Comparadas con las fuertemente restrictivas normas sobre políticas monetarias y fiscales, las provisiones sobre empleo – que sólo se introdujeron en el Tratado de Amsterdam venciendo la fuerte resistencia de diversos estados miembro – siguen siendo extremadamente débiles y se limitan a las políticas del mercado de trabajo. A pesar de que puedan tener algunos efectos para determinados grupos de parados, no pueden estimular el empleo a escala macroeconómica. La Convencion ha perdido la oportunidad de corregir la asimetría obvia de los objetivos e instrumentos europeos por lo que a empleo se refiere. El pleno empleo que se menciona en la parte I (Art. I-3) como objetivo de la Union, no juega ningún papel en la parte III cuando se trata de cómo conseguirlo y con qué instrumentos (y ni siquiera se menciona a excepción del artículo I-3). Aquí el papel de la UE es muy débil. A pesar de que se dice que “la Unión y los estados miembros trabajarán en el sentido de desarrollar una estrategia coordinada de empleo” la contribución de la Unión a este pilar central del Modelo Social Europeo se limita a una vigilancia continua, facilitando, apoyando y complementando “donde sea necesario” la cooperacion entre los estados miembro y la formulación de unas orientaciones anuales (no vinculantes) para las políticas de empleo de los estados miembros. Estas orientaciones se subordinan y deben estar en sintonía con las “Orientaciones de Política Económica”, cuyo empeño central es crear mercados abiertos y el equilibrio de los presupuestos públicos. A pesar de que los amplios y regulares informes y discusiones sobre empleo a nivel europeo han mejorado el nivel de información y desarrollado una cierta dinámica propia, la UE carece de instrumentos para hacer una política de empleo activa. No se asignan recursos del presupuesto de la UE destinados al objetivo del empleo, y el comité de empleo (Art. III-208) ni siquiera se menciona (a diferencia del comité de las regiones) en la lista de instituciones de la UE en la parte I de la Constitución . La Convencion ha perdido la oportunidad de corregir el enorme sesgo del Tratado a favor de la estabilidad de precios y de considerar la consecución del pleno empleo en la Constitución como un pilar de igual importancia, dando a la UE los instrumentos capaces de evitar “el desempleo excesivo”.
Una capacidad muy limitada para promover el incremento del bienestar social en la UE.
El capítulo sobre política social queda supeditado a la “necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión”. A diferencia del capítulo sobre empleo abre la posibilidad de adopción de ciertas leyes o leyes marco que no sólo “estimulen” la cooperación entre los estados miembros sino que también “establezcan las exigencias mínimas para su realización gradual, teniendo en cuenta las condiciones y normas técnicas de cada uno de los estados miembros.” Sin embargo, las formulaciones contienen también cierto número de advertencias que hacen muy difícil la adopción de reglas que tengan un efecto positivo real sobre las personas. Además, en campos importantes de la política social – la seguridad social y la protección de los trabajadores, en especial cuando acaba el contrato de trabajo, en su representación, en la defensa colectiva y en la participación y condiciones de trabajo para los ciudadanos de terceros países – se exige el voto por unanimidad, y las dos áreas esenciales de política de bienestar – el combate contra la exclusión social y la modernización de los sistemas de protección social- quedan totalmente excluidas de las regulaciones europeas vinculantes.
Como conclusion de esta breve revisión cabe afirmar que la presente Constitución es muy insuficiente. No hace ninguna contribución positiva y en algunos aspectos representa incluso un obstáculo para el desarrollo del Modelo Social Europeo.
Aportaciones de Jaume Asens y Gemma Ubasart a la Jornada del 18/12/04
Europa como espació policial y militar: "la
agenda oculta" de la Unión
Como es sabido, el Tratado de Maastricht de 1992 estructuró a la Unión Europea como una suerte de templo greco-romano con un frontispicio (el preámbulo), tres pilares y una base (las disposiciones finales). Los tres pilares o columnas de ese templo son las comunidades europeas, ligadas por la unión monetaria y económica; la política exterior y de seguridad común (PESC) y la cooperación en materia de seguridad interior y política judicial. Se trata, en realidad, de los tres pilares de la Europa neoliberal (mercado, ejército y policía) sostenidos por tres instancias capitales: el Banco Central Europeo, el Euroejército y Europol.
Si bien uno de los propósitos centrales del Proyecto de Constitución para Europa propuesto por la Convención ha sido unificar la personalidad jurídica de la Unión (artículo 6), la filosofía “securitaria” de fondo se ha mantenido casi inalterada. Las energías dirigidas a la creación de un espacio policial europeo y a la definición de políticas represivas que se remontan más allá del propio modelo de integración política y económica, no han encontrado mayores obstáculos en el actual proceso de constitucionalización. El objetivo de este artículo, precisamente, es explicar algunos elementos clave de ese modelo “securitario” europeo y de su evolución más reciente, sobre todo como consecuencia del clima de “excepción generalizada” instalado con los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.
Un punto de partida insoslayable en un análisis de este tipo es la constatación, en un mundo cada vez más globalizado y “posmoderno”1 , de las transformaciones sufridas por uno de los elementos definitorios del Estado nación: el monopolio de la fuerza. La soberanía, en efecto, recae cada vez menos en los Estados, de manera que el paso de la modernidad a la posmodernidad y la construcción de espacios policiales y de políticas “securitarias” que superan las fronteras estatales se convierten en factores básicos para comprender la evolución de espacios supra-estatales como puede ser la Unión Europea.
El nuevo contexto posmoderno supone la existencia de nuevas dinámicas de subsunción de la sociedad al capital2 . Dichas dinámicas, originadas en el paso de la subsunción formal del trabajo a una subsunción real, comporta a su vez la creación de nuevas lógicas de soberanía. Así, aunque la soberanía del Estado nación ha entrado en crisis, sus elementos constitutivos se han mantenido, transfiriéndose a otro lugar. Según Hardt y Negri, estaríamos antes una nueva soberanía, la soberanía imperial, en la que el imperio aparece como “el sujeto político que regula los intercambios globales, (como) el poder soberano que gobierna el mundo”3 .
La consolidación del espacio social europeo, precisamente, sólo puede entenderse en este contexto en el que se experimentan nuevas formas de control y disciplina. La guerra puede considerarse un ejemplo de ello. Y es que hoy la guerra “construye soberanía, la política soberana, al igual que ayer la constituían la disciplina y el control”4 . Es la formación misma del imperio la que nos ha situado al interior de una guerra que crea orden. Y es sólo a través de la guerra que puede concebirse la nueva soberanía imperial.
El recurso a esta dinámica de la guerra, sin embargo, no se limita a las relaciones exteriores o a las funciones clásicas conferidas a los ejércitos. En la actualidad, la seguridad interior y exterior tienden a solaparse, y las funciones militares y de policía a confundirse. Nuevas dinámicas de disciplinamiento y control que exceden las utilizadas en la época moderna tienen lugar. No hace falta, en todo caso, esperar al 11 de septiembre para advertir la importancia que va adquiriendo la función de la guerra como creadora de orden. Las intervenciones en el Golfo y en la ex-Yugoslavia permiten resituar las fronteras, las élites, la nueva legalidad y las instituciones. Algo similar a lo que ocurre en Génova, donde el poder recurre a dispositivos propios de la guerra para vencer al “movimiento de movimientos”, que construye su resistencia a partir de sus propios cuerpos.
De este modo, tanto en las funciones tradicionalmente reservadas a la policía como en las confiadas a los ejércitos se introduce una nueva filosofía que rompe con las bases mismas del derecho liberal y del estado moderno: la doctrina de la prevención. Es esta nueva aproximación, en efecto, la que impregna las “guerras preventivas” que se desencadenan a lo largo del planeta, pero también las nuevas doctrinas procedentes de los Estados Unidos que apoyan las políticas de “tolerancia cero” y se caracterizan por actuar preventivamente, y utilizando el labelling (la pertenencia a un grupo) como modus operandi. En estas nuevas dinámicas de guerra global preventiva es central la construcción cotidiana del “enemigo”. Un enemigo continuamente construido e inventado, que paradójicamente no puede ser vencido nunca5 .
Sobre este trasfondo, los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York y del 11 de marzo en Madrid permiten utilizar la excusa del “terrorismo” para justificar lla aprobación de un conjunto de medidas normativas de carácter “ultrasecuritario” inspiradas en la “cultura de la emergencia” de los años 70 y en las políticas represivas antes citadas. Pero no se trata, en cualquier caso, de un giro radical en las políticas de seguridad. Simplemente, estos hechos “nuevos” se presentan como excusa para consolidar y legitimar medidas que ya se habían puesto en marcha.
La promoción de Europol y de las listas de disidentes (ficheros Sirene), la aprobación del Eurojust y de la orden europea de detención (euro-orden) o el impulso de una definición común de terrorismo, constituyen acaso los cambios más relevantes ocurridos en los últimos años en el ámbito de las políticas “securitarias” de la Unión. Su introducción ha supuesto la subversión de derechos y garantías históricos a la vez que ha contaminado e invadido el conjunto del entramado normativo europeo, configurando así un inédito horizonte represivo.
Pero, ¿dónde rastrear los orígenes de este monstruo autoritario desprovisto de todo control democrático?
La creación de un espacio policial de “seguridad interior”
Según Amadeo Recasens, “desde finales del siglo XIX puede apreciarse ya una clara vocación de cooperación policial en Europa. La historia del desarrollo de las estructuras policiales europeas está íntimamente ligada a los acontecimientos sociales y políticos de la época y a la creciente preocupación de los gobiernos frente a la progresiva internacionalización de los movimientos obreros marxista y anarquista (...) Pero no es hasta después de las dos guerras mundiales que la creación del Mercado Común supuso una tímida trasnacionalización de los mecanismos policiales”6 .
Es en este período, precisamente, cuando cobra importancia Interpol (International Criminal Police Organization). Sus orígenes reales se remontan a un encuentro de policías de 17 países en el Principado de Mónaco, en 1914, aunque sus orígenes formales suelen situarse en 1956. La masiva presencia y control de vencedores de la Segunda Guerra Mundial en la organización hizo que esta quedara prácticamente bajo tutela francesa. En las últimas tres décadas, la organización ha experimentado un notable crecimiento, llegando a operar en casi 200 países. Ello no ha impedido, sin embargo, la existencia de graves problemas derivados de la falta de homogeneidad en las regulaciones de los diferentes países, la falta de un estatuto jurídico internacional o las dudas sobre la confidencialidad de la información que gestiona.
De manera paralela al funcionamiento de la Interpol, en el año 1976 se constituye el Grupo de Trevi, integrado por los Ministros de Justicia e Interior, con el objetivo de coordinar la lucha contra “el terrorismo, el radicalismo, el extremismo y la violencia internacional”. A pesar de autoproclamarse de ámbito europeo, el Grupo se convirtió progresivamente en un centro de planificación policial informal, fuera del control del Parlamento Europeo. “En lo que concierne al Grupo de Trevi –sostiene Recasens- puede decirse que su status e integración en la Comunidad Europea fueron a la vez su salvaguarda y su principal factor de cohesión, ya que los debates no versaron en ningún caso sobre su naturaleza y sus formas, concentrándose en criterios de eficacia. Al mismo tiempo, sin embargo, todo ello impidió su control por parte de estructuras nacionales o internacionales”.
Cuando entró en vigor el Tratado de la Unión, el Grupo de Trevi desapareció. Sin embargo, durante los años ochenta y principios de los noventa se superpuso con otra estructura policial europea. En 1985, en efecto, se firmó el Tratado de Schengen, con el objetivo de crear un espacio de cooperación policial entre gobiernos en previsión de la supresión de las fronteras interiores. Se establecieron normas comunes de repatriación, redes de cooperación policial y modalidades de persecución transfronteriza, una política común de asilo y el examen por parte de un único país de los expedientes de asilo. Igualmente, se creó el Sistema de Información Schengen (SIS) con sede en Estrasburgo. Su objetivo era funcionar como una suerte de macrofichero, esto es, como una base de datos de extranjeros procedentes de terceros países a los que se les hubiera denegado la entrada o la concesión de asilo, accesible a su vez a los bancos de datos de los SIS nacionales7 . En un comienzo el SIS fue concebido como un sistema nuclear, al que se conectarían otros subsistemas de información como Eurodac, Sirene o lo que se sería el banco de datos de Europol, pero poco a poco todos ellos tendieron a fundirse en un mismo sistema integrado de registro.
El Eurodac, precisamente, fue creado con el fin de almacenar hasta por diez años las huellas dactilares de los solicitantes de asilo mayores de 14 años y de los declarados refugiados, así como los datos de extranjeros que se encontraran en las situaciones arriba mencionadas (denegación de entrada o de asilo).
El Sirene (Supplementary Information Request at the National Entry) se concibió como un sistema rápido de intercambio de información sobre personas y objetos registrados en el SIS. En constante evolución, todavía funciona de acuerdo a un manual secreto, sin cobertura legal y sin estar contemplado en el Tratado de Schengen. Su objetivo es conseguir información más sensible y “menos rígida” que el SIS, que archiva información más limitada y estandarizada.
La Jsa (Joint Supervisory Authority), por su parte, es la oficina de control del SIS, pero tiene graves dificultades operativas. También carece de capacidad sancionadora y su control no es relevante, ya que, según su propio informe de 1998, tiene dificultades para garantizar la integridad de sus datos, los que pueden ser modificados sin dejar rastro para sus usuarios8 .
Tras el Tratado de Ámsterdam, en todo caso, el entramado normativo de Schengen fue trasladado a las estructuras de la Unión Europea. A resultas de ello, los asuntos relacionados con extranjeros, asilo y migraciones, que en principio afectaban a Justicia e Interior, se integraron en el denominado tercer pilar, basado en la adopción de acuerdos intergubernamentales y excluido, por tanto, del control del Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia.
La tendencia actual ha sido a la integración de competencias en un única estructura, Europol. Como derivación del Grupo de Trevi, se creó un “grupo de inmigración” y uno de “coordinación jurídica” que, tras el Tratado de Maastricht, se unificaron en un único “grupo de coordinación”. De allí surgió Europol, la policía europea, que inició sus actividades el 1 de julio de 1994. Inicialmente fue concebida como una unidad encargada de coordinar las tareas antidroga, pero poco a poco extendió su actuación a cuestiones de terrorismo, crimen organizado e inmigración ilegal. Actualmente, aunque carece de competencias de intervención directa, se ha convertido en un comando de los cuerpos policiales estatales, y progresivamente ha ido adquiriendo facultades más operativas y amplias, incluso en el ámbito de orden público.
Europol ha pretendido superar las deficiencias y limitaciones de Interpol –que sólo funciona como un centro internacional de investigación policial sobre la base de relaciones interestatales de naturaleza bilateral- para convertirse en una unidad policial de cooperación multilateral más compatible con los objetivos de la Unión Europea y con la supresión del control de fronteras interiores después de Schengen.
La intención de Europol es crear un FBI europeo. Sin embargo, el FBI es federal y está controlado por un Tribunal de Justicia Federal y por un Parlamento Federal en el marco de la normativa federal. Europol, en cambio, no está controlada por ninguna instancia parlamentaria o judicial, ya que aún no existe ninguna estructura estatal europea. Ante la ausencia de un catálogo de derechos fundamentales judicialmente exigibles y de un proceso penal europeo –cuestiones sobre las que es dudoso, desde un punto de vista jurídico, que la incorporación de la Carta de Niza al Proyecto de Constitución vaya a influir- Europol ha actuado guiada por una política de hechos consumados, en una permanente deriva caracterizada por la administrativización de los procedimientos penales.
Lo cierto es que las políticas europeas han incrementado sustancialmente los recursos económicos y técnicos para Europol, al tiempo que han ampliado su ámbito competencial. No obstante, lejos de articular garantías jurisdiccionales de control de su actividad, han otorgado a sus funcionarios una impunidad penal mediante un protocolo de inmunidades y una capacidad casi ilimitada de almacenamiento y transmisión de datos. Si a esta ausencia de control judicial se le suma la ausencia de control legislativo –de hecho Europol nació sin la mínima legitimación democrático formal que otorgan los debates parlamentarios previos en los países miembros- es indudable que este nuevo cuerpo policial constituye una amenaza preocupante para los derechos y libertades ciudadanas, tal como han denunciado diversas asociaciones de juristas como la AED (Asociación de Abogados Europeos Demócratas).
Los datos con los que trabaja Europol comprenden cualquier «característica útil», incluidas las convicciones políticas o religiosas. Entre otros, estos datos son utilizados en procedimientos penales, pero como son de acceso restringido a los funcionarios de Europol, su origen no puede ser controlado ni por los abogados de los acusados ni por los tribunales de justicia. Durante la presidencia española de la Unión Europea, el proceso de ampliación de competencias y recursos económicos y materiales de Europol se intensificó a iniciativa del propio Gobierno español. Sobre todo en el ámbito del terrorismo, en el que se aprobó el llamado «Documento estratégico sobre la amenaza que supone el terrorismo para la Unión Europea».
También en el marco de esta deriva “liberticida”, el 14 de diciembre de 2000 el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión acordó crear una unidad «Pro-eurojust»9 denominada Eurojust, una organización de enlace judicial cuyo objetivo formal era cooperar y acelerar la asistencia judicial en la lucha contra crímenes organizados, especialmente el terrorismo. Aunque teóricamente tendría que ser un contrapeso legal a Europol, lo cierto es que Eurojust reagrupa en una misma instancia a jueces, fiscales y policía. De es modo, se desvanecen en la práctica la separación y la independencia orgánica entre ellos, con las graves consecuencias jurídico-penales que se pueden esperar de una situación así.
Cada país está representado en Eurojust por dos fiscales (un titular y un suplente). En el Estado español los representantes son de la Audiencia Nacional. También puede haber corresponsales nacionales especializados en diferentes áreas en cada país de la Unión y con contactos permanentes con la organización central. Lo que se crea, de ese modo, es la primera red europea de expertos en terrorismo.
A todo esto hay que sumarle que Eurojust prevé también un fichero informatizado donde se almacenan los datos personales de los investigados, como los números de la Seguridad Social, los permisos de conducir, las cuentas bancarias, así como «datos sobre el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de pertenencia sindical, así como aquéllas relativas a la salud y la vida sexual» (artículo 15.4).
La creación de un espacio militar de “seguridad exterior”
Si en el ámbito de la “seguridad interior” las políticas adoptadas por la Unión Europea en los últimos años exhiben un marcado carácter represivo, no menos preocupantes son las líneas generales adoptadas en temas de “seguridad exterior”. De hecho, una visión sucinta de algunas de estas tendencias permite advertir con claridad de qué manera unas y otras llegan a confundirse en la práctica.
Ya en el Tratado de Maastricht se aprobó una política exterior y de seguridad de la Unión Europea (PESC). Sin embargo, ésta no se llevó a cabo y permaneció congelada hasta 1999, cuando se nombró responsable a Javier Solana (“Mr. PESC”). En la práctica, la Unión de Europa Occidental (UEO)10 ejecutó la PESC durante este lapso de tiempo sin control político del Parlamento Europeo. Así, aunque en Maastricht se aprobó una política exterior y de seguridad, ésta se recondujo y se derivó de forma poco transparente, para evitar la presión de la opinión pública internacional, a una organización externa, una especie de sucursal europea de la OTAN, que finalmente se disolvió de manera formal en el año 2000, integrándose todas sus directrices a la Política Exterior de Seguridad Común.
En este lapso de tiempo, en todo caso, la UEO desarrolló la política militar europea, definiendo sus enemigos y sus hipótesis de intervención, entre las que destaca la «defensa económica de Europa en el mundo»11 . La UEO inició sus pasos creando una organización de espionaje militar con la inestimable colaboración de los satélites espía de la Agencia Espacial Europea –los cuales, por decreto, tienen una finalidad exclusivamente civil-. Su sede operativa sería la ciudad española de Torrejón de Ardoz (Madrid). La UEO también organizaría la fabricación conjunta de los sistemas de armamento europeo, entre los que puede destacarse el avión de combate europeo, EPA-2000, fabricado conjuntamente por Alemania, España, Italia y Gran Bretaña. La fase preliminar de diseño de este proyecto ya le costó al Estado español cerca de 220.000 millones anuales de pesetas, un gasto que paradójicamente no repercutió en las partidas militares, sino en las de investigación científica e industria.
Durante la presidencia española de la Unión Europea, uno de los objetivos centrales en materia de política exterior fue precisamente impulsar, en el marco de la UEO, la creación efectiva de una fuerza de reacción rápida, denominada euroejército, de carácter mixto (con soldados franco-alemanes, hispano-italianos o belga-luxemburgueses) bajo un mando único. La finalidad era que para el año 2003 hubieran 60.000 soldados y 5.000 policías operativos, aunque en el 2002 ya podían intervenir en algún conflicto menor.
El resultado de este proceso es preocupante: el segundo pilar establecido por el Tratado de Maastricht ha terminado por superponerse al tercero, difuminando, con la excusa de la “lucha anti-terrorista”, la separación entre seguridad “interna” y “externa”. En consecuencia, los cuerpos de policía se han militarizado como nunca antes, al tiempo que los cuerpos militares han pasado a asumir funciones policiales. Como parte del mismo proceso, la tecnología militar se ha transferido a objetivos civiles, con todos los mecanismos de espionaje propios de dicho ámbito de actuación.
Hacia octubre de 2001, poco tiempo después de los atentados de Nueva
York, en una reunión de Ministros de Defensa de la Unión se acordó
implicar más a los ejércitos europeos en la denominada “lucha
antiterrorista”, siguiendo de ese modo el camino marcado por la OTAN, que
poco tiempo atrás había modificado toda su estructura interna
para incorporar misiones antiterroristas. Esta orientación fue impulsada
de manera intensa por el entonces Presidente español José María
Aznar, tal como se pudo comprobar en la reunión que mantuvo con el Presidente
de los Estados Unidos, George Bush, sobre “cooperación antiterrorista”
en Camp Davis, el 5 de mayo de 2002. En esa ocasión, Aznar declaró
que se trataba de una cooperación “muy positiva y relevante, aunque
no evidente para la ciudadanía, puesto que hay muchas cosas que no se
pueden explicar”12 .
El siguiente paso lógico consistía en reformar la estructura y
la doctrina militar de la OTAN. En junio de 2002, se celebró en Bruselas
una reunión de Ministros de Defensa de la OTAN con el objeto de debatir
una nueva concepción militar de defensa contra el terrorismo, pensando
en la Cumbre de la organización en Praga, en noviembre de ese mismo año.
En un documento titulado «El futuro de la OTAN: una visión hispano-británica»
enviado al Secretario General de la OTAN, George Robertson, y a los Jefes de
Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica, Aznar y Primer Ministro
británico Tony Blair solicitaron la aprobación por parte de la
OTAN de una declaración para que «los medios militares de la Alianza,
así como las fuerzas de sus miembros, puedan utilizarse de manera flexible
allí donde sean necesarios», con el objetivo de poder hacer frente
con eficacia a las «nuevas amenazas del terrorismo».
La percepción de la Unión Europea como un laboratorio represivo experimentó un punto de inflexión con los atentados de 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Contra el mito de la “Europa garantista”, se impulsó una nueva legislación antiterrorista, limitadora de derechos y libertades fundamentales, orientada al combate de la denominada “internacional terrorista”. Igualmente, se alentó una nueva agenda transatlántica en la que la cooperación policial con los Estados Unidos pasaba a primer plano, al tiempo que se intensificaban los acuerdos de la Cumbre Unión Europea/Estados Unidos celebrada en Göteborg el 15 de junio de 2001.
Así, diez días después de los atentados, el 21 de septiembre, se celebró un Consejo europeo extraordinario para «analizar la situación internacional después de los atentados terroristas en Estados Unidos y dar impulsos necesarios a las acciones de la Unión Europea». Todos los Estados miembros mostraron su disposición a participar en la respuesta militar de Estados Unidos y consideraron la «lucha contra el terrorismo» como el objetivo prioritario de la Unión Europea, intensificando la cooperación entre EUROPOL-FBI y otras agencias americanas.
El 19 de septiembre de 2001, siete días después de los atentados en Nueva York, la Comisión aprobó el primer proyecto legal para que los quince países de la Unión adoptaran la misma legislación antiterrorista. Este proyecto se materializó tres meses después en la reunión de Laeken, sin ningún debate parlamentario previo. Hasta ese momento sólo seis de los Estados miembros habían recogido en sus ordenamientos el delito específico de terrorismo. A partir de entonces, serían nueve los que tendrían que incorporarlo siguiendo también los criterios del acuerdo marco adoptado.
El acuerdo marco contiene una lista de conductas ilegítimas que van desde el homicidio a la ocupación de lugares, los daños a las infraestructuras públicas o el secuestro de medios de transporte público. Además de aquellas conductas que tengan como finalidad «alterar gravemente o destruir las estructuras políticas, económicas, medioambientales o sociales de un país». También aparecen otros conceptos ambiguos como «el fomento a la ayuda a un grupo terrorista», que incluye el indefinido tipo de «apología del terrorismo», todos ellos parte de una política de excepción y de “seguridad pública” basada en “delitos de sospecha” y en la persecución antes de personalidades que de conductas. Se trata, en otros términos, de una estrategia represiva dirigida no tanto contra el terrorismo como contra el “contexto del terrorismo”, un auténtico “cajón de sastre” donde bien cabría el conjunto de la oposición o de la disidencia política europea.
Además del acuerdo marco, el Consejo Extraordinario de 21 de septiembre de 2001 convocado para valorar los hechos del 11 de septiembre impulsó un mandamiento europeo de detención que sustituyera el proceso de extradición vigente por un sistema de entrega inmediata de detenidos preventivos o condenados por determinadas infracciones, con la sola intervención de las autoridades judiciales. El acuerdo se reiteró el 19 de octubre de 2001 en Gantes y se materializó el 6 de diciembre de 2001 en Laeken, a pesar de la negativa del premier italiano Silvio Berlusconi a que se incluyeran, entre los delitos perseguibles, la corrupción, el fraude contable, el racismo y la xenofobia. El acuerdo marco obligaba a los diferentes países de la Unión Europea a modificar en el plazo de cuatro años sus respectivas legislaciones para incluir la orden común de detención y entrega.
Otro de los ámbitos donde las políticas policiales han avanzado de manera más incisiva es precisamente el control de las ciber-comunicaciones. Desde la firma de la Agenda Transatlántica en la Cumbre Unión Europea-Estados Unidos de 1995, la Unión pasó a disponer de un plan de vigilancia electrónica de envergadura similar a la red de espionaje militar de Echelon, creada por la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y la CIA de Estados Unidos a partir de un acuerdo secreto firmado en 1948 para los países anglófonos.
Hace ya años que el espionaje global se realiza a través de los potentes ordenadores de Echelon, cuyos equipos rastrean y registran, vía satélite, las comunicaciones interceptadas. Sin embargo, de lo que se trata ahora es de que el nuevo «sistema Global para la Vigilancia de las Telecomunicaciones UE-FBI» permita, sin control judicial, y a través de nuevas instalaciones de vigilancia (sistema de intercepción de comunicaciones por cable), el acceso total a las comunicaciones electrónicas y telefónicas de todos los ciudadanos a partir de la propia infraestructura de los operadores y proveedores de redes y servicios.
La estrategia del FBI para conseguir sus objetivos de vigilancia policial global se inició en 1993 en su Base de Quantico, en un encuentro con las diferentes agencias de seguridad y cuerpos policiales de sus aliados. En el contexto del Seminario Internacional de Telecomunicaciones sobre Cumplido de la Ley (ILETS), se discutió y aprobó un documento titulado «Requerimientos de las Fuerzas del Orden sobre la Vigilancia de las Comunicaciones Electrónicas», de julio de 1992. A partir de entonces, la Unión Europea decidió, en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de junio de 1993 celebrado en Bonn, integrarse formalmente al denominado «grupo de ILETS», creado en Estados Unidos, y participar en sus reuniones -muchas veces clandestinas- de forma continuada. En la práctica, las reuniones informales del «grupo de ILETS» -cuyo número de miembros aumenta progresivamente – se han convertido en un espacio político a la sombra de la Unión, donde se deciden las estrategias y objetivos policiales comunitarios, de forma que sus documentos se transforman en auténticas propuestas de política europea.
El Proyecto de Constitución Europea: otra vuelta de tuerca
Lejos de revertir las tendencias analizadas hasta aquí, el Proyecto de Constitución elaborado por la Convención europea las consolida y amplía. La previsión de una Europa “potencia” en el ámbito de la política exterior, en efecto, resulta perfectamente funcional a la intensificación de la Europa “fortaleza” en el plano policial interno.
En lo que concierne a la política común de seguridad y defensa, el Proyecto no sólo prevé el “respeto” a las obligaciones derivadas de la pertenencia a la OTAN (artículo 40.2). También establece la creación de una Agencia Europea de Armamento, Investigación y Capacidades Militares, con el objeto de “reforzar la base industrial y tecnológica del sector de defensa” (artículo 40.3)13 .
Según el propio Proyecto, una finalidad central de dicha Agencia es “participar en la definición de una política europea de capacidades y de armamento, así como asistir al Consejo de Ministros en la evaluación de la mejora de las capacidades militares” ¿En qué hipótesis? Por si no quedara claro, la “cláusula de solidaridad” prevista en el artículo 42 se encarga de desvelarlo: “La Unión movilizará todos los instrumentos de que disponga, incluidos los medios militares puestos a su disposición por los Estados miembros, para (...) prevenir el riesgo de terrorismo en el territorio de los Estados miembros; proteger las instituciones democráticas y a la población civil de posibles ataques terroristas; aportar asistencia a un Estado miembro en territorio de éste y a petición de sus autoridades políticas, en caso de ataque terrorista (...)”. En un contexto “liberticida” como el descrito en estas páginas, y teniendo en cuenta la vaga noción de “terrorismo” utilizada por la Unión en los últimos años, no es difícil imaginar la interpretación que puede resultar de esta clase de preceptos.
En el plano interno, no es menos aventurado pronosticar el fortalecimiento de los mecanismos de represión y control social. El artículo 41.1, de hecho, ya anuncia la voluntad de articular un “espacio de libertad, seguridad y justicia” mediante “la cooperación operativa de las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidos los servicios de policía, de aduana y otros servicios especializados en la prevención y localización de hechos delictivos”. Para ello, se insiste en el papel de Eurojust y Europol, encomendándoles una serie de tareas que dan abierta cobertura a la “agenda oculta” desarrollada en los últimos años por la Unión14 . Según el artículo III-177.1 del Proyecto, será misión de Europol: “apoyar e intensificar la actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia grave (...) el terrorismo y las formas de delincuencia que lesionen un interés común (...) de la Unión” (artículo III-177.1). Para ello, podrá encargarse de “la recogida, almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de la información, en particular la transmitida por las autoridades de los Estados miembros o de terceros países o terceras instancias”, además de ocuparse de “la coordinación, organización y realización de investigaciones y actividades operativas, llevadas a cabo conjuntamente con las autoridades competentes de los Estados miembros o en el marco de equipos conjuntos de investigación, si procede, en colaboración con Eurojust” (artículo III-177.2)
Es en este sentido, como puede verse, que la “histeria securitaria”
que invade a Europa desde hace tiempo se intensifica con el Proyecto de Constitución.
No se trata, naturalmente, de un giro imprevisto sino de la consolidación
de políticas iniciadas e introducidas hace décadas por los gobiernos
neoliberales. La confusión entre “seguridad interna” y “seguridad
externa” y el solapamiento de funciones y tareas militares y de policía
permiten hablar sin rodeos de una involución democrática y garantista
caracterizada por la importación de las doctrinas norteamericanas de
la “tolerancia cero” y por la consolidación de una nueva cultura
de la emergencia y la excepcionalidad. Como en otras coyunturas históricas,
la cesión de mayores competencias y recursos a los depositarios del monopolio
de la fuerza, sin ningún tipo de control institucional y/o ciudadano,
sólo puede conducir a la negación de los derechos y libertades
que Europa todavía pretende ostentar como un rasgo distintivo de su identidad.
Notas
1 Según T. Negri, “hablamos del paso de lo moderno a lo posmoderno
con el objeto de reabsorber los diferentes ‘post’ (post-taylorismo,
psot-fordismo, post-keynesiano, post-socialista, post-comunista). Es evidente,
en todo caso, que cuando recurrimos a la expresión ‘posmoderno’
lo hacemos en términos bastante diferentes a los utilizados por los filósofos
del último cuarto de siglo”. Vid. Guide. Cinque lezioni su impero
e dintorni, Raffaello Cortina Editore, Milán, 2003. pp. 49 y ss.
2 Nos situaríamos, así, en una suerte de fábrica social.
La producción no queda confinada ya a la fábrica fordista, sino
que rompe sus muros y se extiende a toda la sociedad. En la medida en que las
relaciones productivas se difuminan en todo el tejido social, el epicentro de
la explotación se desplaza. Se desvanecen las formas más o menos
“objetivas” de medir el trabajo en el espacio (la fábrica)
y en el tiempo (la jornada laboral). Todo nuestro tiempo, sin embargo, y todas
nuestras actividades se vuelven productivos: se nos pagan unas horas y otras
no; unas personas cobran y otras no; un trabajo se remunera y otro no; es la
vida entera la que se pone a trabajar. En la era posmoderna, en la era de las
sociedades capitalistas cognitivas, las capacidades comunicativas, relacionales,
afectivas, de asistencia, se convierten en centro y motor de la nueva producción.
No desaparece el trabajo material, pero el trabajo inmaterial va ganando centralidad
en los procesos productivos.
3 T. Negri, M. Hardt, Imperio, Paidós, Barcelona, 2002. pp. 13 y ss.
4 T. Negri, Guide... op. cit.
5 Ibidem. p. 150.
6 A. Recasens, “Soberanía, aparato policial e integración
europea”, en R. Bergalli, (comp.) Soberanía: un principio que se
derrumba. Aspectos metodológicos y jurídico-políticos,
Paidós, Barcelona, 1996.
7 Según datos del Statewatch European Monitor, en los nuevos estados
miembros de Schengen ya hay 48.700 nodos de acceso.
8 Lo cierto es que en la actualidad, la impunidad con la que trabajan los servicios
secretos mediante el sistema Sirene y otros sistemas de información es
prácticamente total. Su funcionamiento obedece con frecuencia a objetivos
sesgados, de carácter exclusivamente políticos. El sistema de
control y protección de datos de Europol, a la que se hace mención
más adelante, no es muy diferente. Y esa falta de control se agrava si
se tiene en cuenta que, siguiendo el Acuerdo de 24 de marzo de 2000 del Consejo
de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, hace tiempo
que se ha iniciado la colaboración e intercambio de datos con los servicios
secretos de terceros países.
9 Esta unidad dispondría de personalidad jurídica propia a partir
del 6 de marzo de 2002, aunque en la práctica se encontraba operativa
de modo informal (trabajando en más de 130 casos)
10 La UEO era una organización militar ajena a la estructura institucional
de la UE, creada en el año 1948 por diez de los quince países
comunitarios. Su papel fue tan irrelevante e indefinido que cuándo se
creó la OTAN, dos años después, terminó supeditada
a sus designios.
11 El primer nivel es el clásico (territorio, libertad…) sin embargo
los siguientes definen claramente los intereses militares europeos. El segundo,
en efecto, es la lucha contra las amenazas del terrorismo, el narcotráfico
y la inmigración ilegal, incorporada sin matices y equiparada con aquellos.
El tercer nivel revela ya su papel fundamental: los intereses económicos
europeos. En ese sentido, Eduardo Serra, ex fabricantes de armas, Secretario
de Estado con UCD y Ministro con el PSOE y el PP anunció que “el
ejército español intervendrá en cualquier lugar del mundo
cuando su presencia sea necesaria para garantizar el suministro de petróleo
a los ciudadanos españoles”.
12 En este sentido, el objetivo de la presidencia española, según
Aznar, consistía en establecer una “cooperación en materia
jurídico-penal con Estados Unidos y Rusia, que incluyese un acuerdo de
extradición”, sin hacer referencia a los derechos humanos o a la
pena de muerte. De ese modo, la “lucha antiterrorista” redefiniría
la política exterior de la Unión y evitaría “la existencia
de cualquier santuario del terror al interior de nuestras fronteras”. Con
similar énfasis, el presidente del Gobierno español reconoció
a Romano Prodi en una reunión de enero de 2002 en la Moncloa: “la
lucha contra el terrorismo será la prioridad de las prioridades durante
el semestre que se inicia”.
13 El artículo III-212 es todavía más explícito
respecto de algunos de los cometidos de la Agencia: “d) apoyar la investigación
en tecnología de defensa, coordinar y planificar actividades de investigación
conjuntas y estudios de soluciones técnicas que respondan a las futuras
necesidades operativas; e) contribuir a determinar, y si procede, a aplicar
cualquier medida adecuada para reforzar la base industrial y tecnológica
del sector de la defensa y para aumentar la rentabilidad de los gastos militares”.
14 Poco y nada, en cambio, se establece en materia de controles. El artículo
III-174 del Proyecto de Constitución Europea reenvía a futuras
leyes europeas la determinación, estructura, funcionamiento, ámbito
de actuación y cometidos de Eurojust. También se supedita a inciertas
leyes europeas el establecimiento de eventuales controles a su actividad por
parte del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de los Estados
miembros.
Materiales publicados por la candidatura "NO a la Constitución europea" que se presentó a las últimas elecciones agrupando a PCPE, MIA, LI y luchadores sindicales, de movimientos y de otras corrientes políticas, con la voluntad de impulsar un reagrupamiento de la izquierda revolucionaria.
Nuestras razones
La necesidad de buscar un reagrupamiento de partidos, movimientos y personas que no pertenecen a ninguna organización, a la izquierda de la política de los partidos integrados en el sistema. Hay un divorcio cada vez mayor entre la política de los partidos parlamentarios llamados de izquierda –PSOE, IU, IC, ERC-, anclados dentro del sistema y la vida parlamentaria y, por otro lado, el movimiento de centenares de miles de personas –particularmente jóvenes- que estos años han salido a las calles contra la LOU, la globalización capitalista y la cumbre de la UE, contra el PHN, por la República o contra la guerra.
· Esta diferenciación también se manifiesta de forma creciente entre los trabajadores y las dos direcciones sindicales mayoritarias de CCOO y UGT. La ausencia de las reivindicaciones de los sectores más explotados de la clase obrera -mujer, jóvenes precarios o inmigrantes-, dentro de los sindicatos también son expresión de esta separación: sirva de ejemplo Puertollano. En la huelga general del 20 de junio del 2002 se demostró que los trabajadores están dispuestos a luchar si hay una propuesta clara; no obstante, la convocatoria de huelga general fue una excepción en la permanente política de desmovi-lización y pacto en la que se han instalado las direcciones sindicales. Reivindicamos un auténtico sindicalismo combativo y de clase.
· Ciertamente las movilizaciones han sido muy potentes, pero han faltado las estructuras organizativas que permitiesen darles continuidad. Creemos necesario impulsar un reagrupamiento con dos objetivos: ayudar a coordinar y potenciar las movilizaciones en curso, así como las reivindicaciones que cotidianamente defendemos en la calle, en un proyecto político, alternativo a la izquierda integrada en el sistema, que pueda constituir un referente para los trabajadores y la juventud.
· En distintas experiencias de lucha se ha demostrado la posibilidad de encontrar puntos de encuentro entre fuerzas de estos sectores, a pesar de la existencia de diferencias. Debemos combinar ambas cuestiones, priorizando en la acción aquellos puntos que nos unen y respetando la independencia de cada organización en aquellos que nos separan.
En esta iniciativa queremos reunir a organizaciones, movimientos y personas que quieren luchar por una alternativa que no sólo se construya sobre la base de la obtención de votos, sino en el impulso de la lucha, en los centros de trabajo, en los de estudio, en las movilizaciones populares de los trabajadores y la juventud.
No a la Europa del capital y los monopolios. Por una Europa socialista, que
se concreta en la lucha contra el sistema capitalista y no por que éste
sea reformado. Por una sociedad sin explotación del hombre por el hombre.
1. Por un plan en defensa del pleno empleo:
· Prohibición del prestamismo laboral: Fuera las ETT’s y
los subcontratos.
· 35 horas semanales sin pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
· Derogación de las Reformas Laborales. Conversión de contratos
precarios a fijos. Fuera las dobles escalas: unidad de tod@s l@s trabajador@s:
«a igual trabajo, igual salario»
· Contra la flexibilidad laboral y las deslocalizaciones. Ni cierres
ni despidos.
· No a la discriminación entre trabajadores de distintos países
europeos: equiparación al alza de las condiciones laborales.
2. Por el control democrático de la economía por los trabajadores
y al servicio de los pueblos:
· Por la defensa de los servicios y empresas públicas: sanidad,
enseñanza, RENFE, Correos. Contra las privatizaciones. Los fondos públicos
para las empresas y servicios públicos.
· Garantía de los derechos básicos (vivienda, paro...)
· Por una lucha decidida contra la especulación.
· Por un sistema de pensiones público y de percepciones dignas.
No a la Europa imperialista . Por una Europa internacionalista y solidaria
con la lucha de los pueblos y l@s trabajador@s:
· Solidaridad con los pueblos que luchan contra la opresión y
la explotación. Con la resistencia en Irak, en Palestina, en América
Latina.
· No a los bloqueos económicos a los pueblos.
· Contra toda intervención imperialista sea bajo la bandera de
la ONU, la OTAN o la UE.
· Ni OTAN ni Bases. No al ejercito europeo.
No a la Europa de los estados contra los pueblos. Por una Europa de los pueblos
libres:
· Por la autodeterminación nacional de los pueblos y su derecho
a la independencia.
· Rechazo del Estado de la Monarquía y de su constitución.
Por la democracia y la República.
· Por una democracia directa con la decisión plena de los trabajadores
y ciudadanos.
No a la Europa policial y represiva. Por una Europa que defienda los derechos
democráticos:
· Por la libertad de tod@s l@s pres@s polític@s.
· Contra la ley Antiterrorista y la de Partidos Políticos en el
Estado español.
· Fuera las listas negras de la UE.
No a la Europa insolidaria, racista y xenófoba. Por una Europa de la
igualdad de derechos con l@s trabajador@s inmigrantes:
· Derogación de las leyes de extranjería. Fuera el Tratado
de Shenguen.
· Derecho al libre movimiento de las personas.
· Por el reconocimiento pleno de ciudadanía de todos los trabajadores
inmigrantes en el territorio europeo.
No a la Europa de la especulación y la degradación ecológica.
Por una Europa respetuosa del medio ambiente:
· Por la derogación del PHN.
· Por la soberanía alimentaria. Contra los monopolios.
· Cierre de las plantas nucleares.
No a la Europa del integrismo cristiano. Por una Europa laica y en libertad:
· Contra la discriminación de la juventud y de la mujer.
· Por el derecho al aborto y la libertad sexual.
Esta plataforma solo será posible con la lucha, no será el resultado
de ningún proceso electoral, razón por la cual no se trata de
un listado de promesas electorales sino un compromiso de lucha.
Se acerca el referéndum sobre la Constitución Europea
La campaña "europeista"
Los partidarios franceses de la Constitución europea han cambiado de táctica ante el rechazo de la población al pro-yecto y la constatación de que es indefendible cuando se lee.
La nueva argumentación, destinada seguramente a ser favorita de la “izquierda”
en nuestro país, es que reconociendo sus carencias como texto constitucional
y su carácter económico-liberal, a la vez que aceptando la inexistencia
de un verdadero proceso constituyente, recomienda no escandalizarse por ello
pues en realidad no se trata propiamente de una constitución sino de
un nuevo tratado, compendio de todos los anteriores, al que se han añadido
declaraciones de derechos que, aunque ambiguas, mejoran sensiblemente el estado
anterior en que se encontraba la Unión. Todas las críticas son
contrarrestadas con un “eso ya estaba antes de la Constitución”.
Ciertamente la intención de la Convención presidida por Giscard
de Estaing era reunir y simplificar los tratados existentes, cuestión
apenas lograda y que ha vuelto a desbordarse con los nuevos retoques de la Conferencia
Interguberna-mental que la aprobó, y que al añadir 36 protocolos
y 40 anexos la ha convertido en un texto intratable, lo cual, dicho sea de paso,
desmiente a los que esperaban una difusión masiva de la Constitución
por los gobiernos antes de los distintos referéndums. No creemos que
sea así, salvo la difusión de algunos artículos ambiguos,
sin citar los que los limitan efectivamente, nos tememos que todo quedará
en una campaña publicitaria de eslóganes europeístas y
tópicos gastados.
El argumento francés al que nos referíamos al principio intenta
evitar la pregunta central: ¿Por qué se le da carácter
institucional al nuevo tratado con los consiguientes mecanismos de refrendo?
Es uno paso adelante en la construcción europea, nos dirán sin
salirse del guión europeísta establecido. Pero ¿por qué
ahora? Responder a ello supone también responder a por qué las
burguesías europeas, por mediación de sus estados que las sirven,
necesitan que sea aprobada la Constitución europea. La razón es
simple, frente a las movilizaciones que provocará la profundización
de la política neoliberal de privatización, destrucción
de empleo y pérdida de derechos de todo tipo, la burguesía necesita
de algo más que un oscuro tratado firmado en una ciudad lejana, necesita
de un refuerzo político, revestido de la sacrosanta carga constitucional,
que avale sus ataques venideros.
Difícilmente en países como Alemania o Francia los sindicatos,
que han visto como las medidas europeas se adaptaban a los intereses del propio
estado, adoptarían una posición tan sumisa a las órdenes
de la comisión de Bruselas como ha ocurrido en el estado español
con la devolución de las ayudas de IZAR, en el que la actitud de CCOO
y UGT ha sido doblemente grave al desautorizar por “quiméricos”
los intentos de recurrir la sanción. La Constitución europea supondrá
un soporte político e ideológico y blindará supranacionalmente
las medidas de la burguesía, sus instituciones y el militarismo creciente.
IZAR ha sido en el estado español una excelente carta de presentación
de esta constitución. Ha hecho más por el NO que todos los panfletos
de la Campaña contra la Constitución Europea. Como apuntábamos
antes, la política mancomunada de las burguesías europeas lleva
décadas, la destrucción de trabajo no es nueva, la reconversión
de los astilleros y sus engaños asociados viene de los años 80,
pero esto no resta importancia a su concomitancia con la recién aprobada
Constitución europea, así como a la evidente imposición
depredadora de la Comisión europea.
En estos cuatro meses que faltan para el referéndum se dirimirá
una batalla desigual entre la mayoría de partidos, con todos los medios
de comunicación a su favor, y una reducida izquierda que debe contrarrestar
la apología europeísta con la explicación de la realidad
y como esta constitución amenaza las necesidades de las masas. Es posible
un frente amplío por el No con fuerzas diversas, nacionalistas, demócratas
consecuentes, etc. mas los revolucionarios debemos esforzarnos en demostrar
a la clase obrera el carácter de esta Unión Europea y por tanto
la necesidad de enfrentarla y la imposibilidad de reformarla. De esta comprensión
depende la posibilidad de que las luchas futuras no quedan enmarañadas
en los intereses de la burguesía plasmados en esta constitución.
Es necesario contestar la política pro europeísta de las direcciones
burocráticas, consecuente con su colaboracionismo con la burguesía,
defendiendo la independencia de clase y promoviendo en el seno de los sindicatos
resoluciones por el No a esta Constitución. En el referéndum del
20 de febrero en el estado español, primero de los 11 anunciados en Europa,
tal vez podamos dar un golpe a los planes imperialistas de la burguesía.
Con la información aportada por Xavier Pedrol, coautor del libro “La Constitució furtiva”
Ante el referéndum del 20 de febrero
Organizar el movimiento por el NO
Quedan sólo dos meses para el referéndum. Esta será la primera consulta y su resultado pesará en los posteriores convocados en otros estados de la UE. Los partidos que defienden el Sí parten de una clara ventaja, desde las instituciones que controlan, los medios de comunicación y recursos de todo tipo. La fuerza del No reside en multitud de pequeños organismos de base. Hay que organizarla.
La encuesta del CIS y la campaña
La encuesta de octubre realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) sobre la intención de voto en el próximo referéndum,
daba un 43,1% de votos SI que sumados a los probables sies dan una amplía
mayoría de apoyo a la Constitución europea. Paradójicamente
sólo un 8,5% declaraba conocerla, que curiosamente coincidía con
el porcentaje de los que aseguraban que no irían a votar. La abstención
se cifra según el tipo de pregunta entre el 15% y el 40%. Sin detenernos
en otros porcentajes se perfila el siguiente panorama: Voto mayoritario por
el SI, sin saber bien que se vota, y alta abstención. La fuerza de las
ideas, en este caso "Europa".
¿Puede cambiar la situación en estos dos meses que quedan? La
propaganda de los partidos parlamentarios, que son los únicos que dispondrán
de espacios en los medios de comunicación, será mayoritariamente
por el SI. Los partidos parlamentarios que se han pronunciado por el NO (IU,
IC, ERC) han demorado al máximo su pronunciamiento y tienen entre sus
filas personalidades que se pronuncian públicamente por el SI, lo cual
nos hace temer por su parte una débil campaña por el NO centrada
en las "deficiencias" de esta Constitución y justificando la
debilidad con el argumento de dar protagonismo a los movimientos sociales.
Los sindicatos mayoritarios ya se han definido por el SI e intentan con sus
políticas proteger las instituciones europeas de las reivindicaciones
de los trabajadores como en IZAR dónde también el gobierno, por
boca del socialista Montilla, ha pospuesto el plazo de los astilleros a un mes
después del referéndum con la misma intención. Pero poco
a poco los trabajadores van relacionando lo que conocen de Europa, por ejemplo
el alza de precios con el euro, y lo que puede venir con esta constitución.
Últimamente a la campaña unitaria estatal contra la Constitución
europea se la ha intentado dirigir hacia una búsqueda de espacios legales
y a la conveniencia de diluir el NO con la excusa de ampliar el abanico de aliados.
Esto puede llevar a una esterilidad de los esfuerzos de los activistas agrupados
en ella, mientras se mantiene la débil actividad los partidos por el
NO. Corremos el peligro también que las energías de la campaña
se destinen a organizar actos y jornadas que sólo abarquen a los ya convencidos
mientras el resto de la población queda al margen. El argumento democrático
de la carencia de proceso constituyente no puede ser el eje principal de concienciación
de los trabajadores ni tampoco lo puedan ser los argumentos "prepositivos"
de qué Europa queremos. Sólo el convencimiento de las consecuencias
actuales y futuras para las condiciones de vida de la población podrán
provocar el rechazo a la Constitución. Por esto hace falta en cada lucha,
como en la RENFE, las deslocalizaciones, etc. ligarlas a la denuncia de la UE.
El futuro de los servicios públicos, la reforma laboral anunciada o los
planes de estudios quedarán condicionados por este texto. Hace falta
por lo tanto actuar, repartir octavillas específicas, pegar carteles
y sobre todo multiplicar los comités por el NO en sindicatos, universidades
y barrios. Debemos también exigir a las organizaciones integrantes de
la campaña un compromiso práctico y no sólo nominal. Sólo
así podrá cambiar el panorama descrito por el CIS.
El euro. Dolarización a la europea
El euro: ¿un paso adelante ?
Mucha propaganda se ha hecho de que con el euro todos ganamos. Pero quien –como
siempre- tiene las de ganar son las multinacionales. Su proyecto era mejorar
la competitividad ante las multinacionales competidoras, en particular japonesas
y de los EE.UU. en lucha por los mercados mundiales. Es una característica
internacional de la globalización. Por un lado pretendían convertir
Europa Occidental en una plataforma sin trabas burocráticas para mejorar
la productividad y reducir costos en las empresas, para ello debían unificar
los mercados y dotarlos de una base monetaria sólida, unificando las
monedas. Pero el objetivo central para recuperar el terreno que especialmente
las empresas americanas les ganaban, era flexibilizar el empleo y atacar todas
las políticas sociales del llamado Estado del Bienestar. Estos objetivos
no se pueden separar.
El primer paso que consiguieron fue un mercado único –sin barreras
aduaneras- que permitiera simplificar las empresas, especializarlas i planificar
mejor la producción y la distribución. Este proceso fue precedido
por los procesos de reconversión, un mecanismo que impuso el cierre de
miles de empresas y perdidas enormes de puestos de trabajo. Si debemos encontrar
el referente europeo de esta ofensiva neoliberal lo tenemos ejemplificado en
la derrota de los mineros británicos ante los planes de M. Thatcher de
cierre de minas en el 84-85. Las multinacionales arrasaron la pequeña
y media empresa competencia, consiguiendo un importante proceso de concentración
de capitales, así mismo debía ceder terreno vendiendo las empresas
más rentables que las multinacionales se apropiaban a menudo a precios
de escándalo. En el Estado español la reconversión la aplicó
los Gobiernos de Felipe González, y el paro pasó a ser una lacra
crónica de la economía española, mientras la mayoría
de las empresas clave de los sectores industriales pasaron a manos del capital
extranjero. Comienzan los ataques en profundidad al empleo estable y las reformas
laborales.
Pero este amplio mercado no podía tener una base sólida dividido
por monedas y con el peligro de las crisis monetarias. El intento de estabilizar
los cambios en un sistema relativamente fijo con el Sistema Monetario Europeo
fracasó en el verano del 92 bajo las enormes fuerzas especulativas que
la globalización había desarrollado. Hacía justo unos meses
que se había ratificado el Tratado de Maastricht hacia la moneda única.
Necesitaban algo más sólido y la decisión de avanzar hacia
la moneda única fue tomada forzados por la necesidad de estabilizar el
mercado único y bajo la presión de la ventaja que cada día
que pasaba les ganaba las multinacionales norteamericanas. La moneda debería
ser el principal reflejo de una economía, pero a las multinacionales
no les interesaba la economía en abstracto, de tal manera que los criterios
para determinar si un estado podía incorporarse a la moneda única
no era por ejemplo la reducción del paro que cangrena una economía,
sino aquellos que garantizan la estabilidad de les ganancias. Aprovecharon el
lanzamiento de la moneda única para impulsar una nueva ofensiva para
desmantelar el Estado del Bienestar: se sucedieron una nueva batería
de ataques a las condiciones de trabajo (más Reformas laborales) y un
recorte en los gastos sociales, junto a más privatizaciones.
Euro: Alemania impone su poder
El debate sobre la unificación de la moneda fue duro, sobretodo entre
Francia y Alemania, que son las dos economías que forman el corazón
de la UE. Pero fue Alemania quien se impuso. A lo largo de los 80 la economía
alemana vivió un periodo de gran dinamismo que dejó cada vez más
atrás la francesa, pero el paso definitivo para recuperar –no sólo
el peso económico- sino el peso político perdido con la derrota
en la II Guerra Mundial se dio con la Reunificación de Alemania. Esta
es la principal herida de guerra abierta y la señal que se acaba con
la relación de vasallaje respecto a la Francia vencedora.
Ciertamente que la reunificación alemana no se hizo bajo la iniciativa
de la burguesía alemana sino bajo la presión de un poderoso movimiento
de masas, lo que obligó al Esta alemán a pagar un enorme gasto
(cambio de dos marcos orientales por uno occidental), precio que aun hoy pesa
sobre el Estado alemán que no acaba de digerir la zona oriental. Pero
la reunificación de Alemania iniciaba un rápido proceso en cadena
de hundimiento de los regímenes estalinistas i una apertura de los mercados
del este europeo, y este hecho, ante el que tenía una posición
privilegiada la exRepública Democrática alemana, aún hacían
de Alemania el verdadero corazón de Europa.
Alemania deja poco a poco su posición de perdedora de la II Guerras Mundial
para ir definiendo su supremacía. Hasta entonces el presupuesto que mayoritariamente
pagaba Alemania servía para pagar casi exclusivamente la PAC (Política
Agraria Común) que beneficiaba principalmente a Francia. Esta partida
de la PAC no ha