Globalización e inmigración: Expolio y represión
Los estados han adoptado diferentes leyes y políticas ante la llegada
o salida de inmigrantes, en función de las coyunturas políticas
y económicas de cada lugar. Pero más allá de ellas, para
comprender a qué responde la inmigración, hay que adoptar una
perspectiva mundial, porque de lo que se trata en el fondo es de cómo
se mueve la población por el planeta y de las razones de este movimiento.
La llamada "globalización" -la mundialización del capital-
que se presentó como la fórmula para generar niveles de bienestar
más equilibrados en todo el mundo, no ha hecho sinó profundizar
las desigualdades; y ello en un sentido doble: se han agravado las diferencias
entre las zonas de mundo más enriquecidas y las más empobrecidas,
y también se han profundizado las desigualdades entre clases sociales.
El capitalismo ha introducido numerosos mecanismos para acelerar el flujo de
capitales y de riqueza de los países periféricos hacia las potencias
imperialistas (deuda externa, control del mercado de precos, políticas
de ajuste estructural y privatizaciones del FMI y el Banco Mundial...). Las
cifras hablan por si mismas: el PIB de la región subsahariana es la mitad
del del estado de Texas; el 20% de los países más ricos concentran
el 85% de la riqueza mundial; y el llamado tercer mundo ha visto aumentar su
deuda externade 567 mil millones de dólares en 1980 a 1419 mil millones,
después de haber pagado ya 1.662,2 millones. Este proceso de empobrecimiento
ha llegado a producir el agotamiento de zonas enteras que, faltas de recursos
y con una capacidad de consumo muy reducida, han quedado fuera del capitalismo
y han retornado a un régimen de subsistencia.
Estas transformaciones no se han limitado al terreno económico, sino
que han tenido también repercusiones políticas. Para enfrentar
las tensiones generadas por el incremento de las desigual-dads dentro de cada
estado y entre zonas del mundo, ha sido necesario reforzar los aparatos estatales,
que perdiendo competencias en materia de política económica, han
fortalecido su vertiente represiva. Esto se ha traducido en estados más
policiales y en el "perfeccionamiento" de los mecanismos de intervención
militar de occidente en el mudo, bajo la legitimación de intervenciones
pretendidamente humanitarias. En muchos casos sobre todo en el continente africano,
la fórmula adoptada ha sido la de dictaduras sanginarias. En este sentido,
debemos denunciar la hipocresia con que se trata la condición de refugiado
político, que se aplica sólo a intelectuales célebres,
y se niega a los miles de trabajadores que deben huir de la represión
por haberse enfrentado a los regímenes dictatoriales que gobiernan en
sus países de origen.
Estas son las raíces del incremento de los flujos migratorios hacia occidente:
gente que, huyendo de la miseria o de la represión política, abandona
su país para encontrar trabajo y refugio y conseguir unas condiciones
de vida, quizás no buenas pero como mínimo mejores. La globalización
-que ha supuesto la casi-libre circulación de capitales y mercancías
por el planeta- ha impuesto en cambio enormes fronteras para el movimiento de
los trabajadores. Los estados de occidente, aunque necesitan inmigrantes para
trabajar como mano de obra barata, quieren controlar su llegada y estancia en
el país, siempre bajo condiciones de ilegalidad para garantizar su sobreexplotación,
lo que se traduce en muertes y marginalidad. Sólo en el estado español,
en el año pasado 15.000 inmigrantes fueron interceptados en pateras,
y como mínimo 210 de ellos murieron al intentar cruzar el estrecho.
El derecho de toda persona de moverse libremente por el planeta para encontrar
trabajo y condiciones de vida mejores no puede ser cuestionado. Más aún
cuando esta gente huye de la miseria provocada por las políticas implementadas
desde occidente en el pasado y en el presente, o de dictaduras apoyadas por
las grandes potencias. Esto entra en cuestión con la realidad del propio
capitalismo, que necesita imponer límites para parar a la gente que huye
de la miseria que él mismo genera. El problema de esta inmigración
forzada no se puede resolver dentro del capitalismo, un sistema agotad e incapaz
de ofrecer niveles de vida dignos a la mayoría de la población.
No hay ley ni ejército que pueda parar este movimento: los trabajadores
estrangeros seguirán llamando a la puerta para conseguir condiciones
de vida más dignas. La única solución pasa por ir a la
raíz de los problemas y poner fin al expolio de los países del
sur. Es por ello que debemos exigir la condonación incondicional de la
deuda externa, que hay que solidarizarse con las luchas de los trabajadores
y los pueblos en todo el mundo, que debemos participar en las movilizaciones
contra el FMI y sus planes. Poner fin a los mecanismos de creación de
desigualdades -en lugar de los muros, la represión policial y los contingentes
controlados- er la única forma real de conseguir que las poblaciones
de la periferia no se vean obligadas a dejarlo todo y jugarse la vida para encontrar
un lugar donde sobrevivir.
¡Todo el apoyo a la lucha de los inmigrantes!
¡Papeles sí, expulsiones y represión no!
¡Autóctona o extranjera:
Una sola clase obrera!
Con la reforma de la Ley de Estranjería el Gobierno empezó una
ofensiva contra los inmigrantes y a la vez contra todas las organizaciones que
les dieran apoyo. Pero varias movilizaciones de inmigrantes en otoño
y ahora la huelga de hambre iniciada en Barcelona por centenares de sin papeles,
justamente ante la entrada en vigor de la Ley, han obligado al PP a no poder
aplicar la ley y a dar -como mínimo momentáneamente- un paso atrás.
Éste es el camino -no sólo contra esta ley- que hay que aprender
de la lucha de los trabajadores inmigrantes: se puede parar al gobierno si se
lucha.
El referente obligado de las movilizaciones de los inmigrantes sigue siendo
la lucha en El Ejido contra las agresiones racistas orquestadas por el alcalde
Juan Enciso hace un año. Los trabajadores inmigrantes se organizadon
y despondieron con una huelga general de todos los inmigrantes que obligó
a la patronal a tomar la iniciativa para resolver el conflicto. Por ello no
fue casual que fuera en esta localidad de Almería donde Aznar, en campaña
electoral, se comprometiera solemnemente a la Contrarreforma de la Ley. Ciertamente,
muchos de los acuerdos que consiguieron los inmigrantes todavía están
por cumplir.
El verano pasado saltó en Barcelona la lucha de los inmigrantes de Plaza
Catalunya y de la Espanya Industrial. Si El Ejido supuso el cambio cualitativo
tanto por la autoorganización de los inmigrantes como por la identificación
de los métodos de la lucha de clases (huelga...), los compañeros
subsaharianos de Plaza Catalunya -y los búlgaros- además de poner
en evidencia que la mejor forma de enfrentar su situación de "irregulares"
no era esconderse sino organizar la lucha, lo hacían ocupando el centro
de la ciudad, es decir convirtiendo "su problema" en un problema político
y más tarde social. Con movilizaciones y la acampada de la vergüenza,
y exigiendo negociaciones con las tres administraciones empezaron a abrir camino.
En la acampada salían a la luz también los miles de compañeros
asiáticos rechazados por la regularización del 2000, que tomaban
la calle y culminaban con el actual encierro y huelga de hambre en las iglesias.
Pero aquel movimiento no terminó alli, sinó que dio otro gran
paso al decidir la afiliación sindical, en concreto a la CGT: de este
modo, se reconocían trabajadores y hacían suyas las organizaciones
propias de los trabajadores como cualquiera de nosotros.
Mientras esto ocurría -y como estaba previsto- el PP no tuvo problemas
para aprobar la reforma de la Ley. La prohibición de los derechos de
asociación, reunión y manifestación fue el punto más
polémico de los debates. La afiliación de inmigrantes prohibida
por la nueva ley ponía a los sindicatos ante la amenaza del gobierno
de actuar contra ellos. CGT aceptó la afiliación de centenares
de sin papeles, pero también UGT declaró la voluntad de hacerlo,
y finalmente CCOO, los tres se declararon en desobediencia civil contra la prohibición.
En el debate parlamentario de la Ley las fuerzas de la izquierda parlamentaria
se limitaron a protestar contra la mayoría absoluta del PP, sin implicarse
seriamente en las movilizaciones. Lamentablemente, ésta había
sido también su actitud ante los hechos de El Ejido y respeto a la lucha
de Plaza Catalunya-Espanya Industrial.
Después las movilizaciones en Lleida, en Girona contra la muerte de un
trabajador marroquí en St. Pere, en Lorca con el accidente que provocó
al muerte de 12 inmigrantes y con las reacciones de apoyo a su lucha de la población.
Y llegó la huelga de hambre en Barcelona que ha tensado a toda la sociedad
ante la realidad de la inmigración y la nueva ley. La dramática
decisión de los inmigrantes no deja espàcio para discursos retóricos
y arrancó la primera presencia significativa de trabajadores y jóvenes
autóctonos el 26 de enero. Esta incidencia en la opinión pública
aumentó la presión sobre el gobierno.
1.El control directo de los propios inmigrantes de su lucha, con la coordinación
de veros colectivos y procedencias, 2. El camino de las movilizaciones, buscando
la extensión al resto de la sociedad y la exigencia de que todas las
organizaciones se impliquen y 3. La afiliación masiva a los sindicatos
de los inmigrantes sin papeles como forma de identificarlos como parte de los
mismos trabajadores autóctonos: estas son las claves que ya forman parte
de la lucha que ahora debe continuar contra la Ley de Estranjería y del
Gobierno del PP.
Como era previsible Aznar es nuevo Presidente de Gobierno para otros cuatro años, con la mayoría absoluta del PP y con el apoyo de CiU y CC. Su objetivo es el de proseguir la política económica de estos años profundizando las privatizaciones de empresas y servicios, la flexibilización del mercado laboral (es decir, más precariedad) y mayor represión en Euskadi.
El primer objetivo del Gobierno está en la contrarreforma de la Ley de Extranjería, para hacerla aun más restrictiva. La promesa de endurecer la Ley no sólo supone más filtros policiales y más dificultad para obtener papeles, sino que es un aval a los desmanes racistas del alcalde del PP en El Ejido, Juan Enciso. De hecho no fue casualidad que Aznar eligiera El Ejido en su campaña electoral, como muestra del apoyo a la política del alcalde de movilizar a la población contra los inmigrantes. El Ejido marca un referente a partir del cual la "caza al emigrante" goza de impunidad (no hay un solo detenido por los sucesos de febrero en este pueblo almeriense). Así, la quema de barracas e invernaderos donde duermen inmigrantes se ha repetido varias veces ante la completa pasividad policial. Frente a esta actividad militante y racista del PP, la izquierda parlamentaria (PSOE e IU) se limitó a silenciar los hechos en la campaña electoral para "tranquilizar la situación", mientras permitía una profunda división entre los trabajadores y dejaba la batuta a la derecha: Aznar y Enciso consolidaron su discurso racista en el pueblo. El silencio y la desmovilización se vuelven cómplices de los actos racistas. El ascenso del PP en El Ejido fue espectacular.
Pero la respuesta de los trabajadores inmigrantes de El Ejido también
marca una pauta para el conjunto de la clase obrera: 1.- porque muestra disposición
de lucha a pesar de las extremas condiciones de precariedad y las amenazas recibidas;
2.- porque reafirma su carácter de clase y demuestra que tras el racismo
se esconden planes para aumentar la sobreexplotación, cuando declararon
primero la huelga general en invernaderos e industrias agrícolas; 3.-
porque busca la unidad de los trabajadores, sean de la procedencia que sean,
ante las provocaciones que intentaban enfrentar a los trabajadores magrebíes
con los del Africa negra, los sudamericanos o los del este europeo; 4.- porque
se organizan y coordinan en base a las asambleas de centros de trabajo; 5.-
porque buscan la implicación de los sindicatos, aunque, lamentablemente
han obtenido sólo respuesta de CGT, SOC y CNT y los dos sindicatos mayoritarios
-CCOO y UGT- no han querido ponerse del lado de los trabajadores inmigrantes
que hoy exigen el cumplimiento de los acuerdos de febrero entre Administración,
patronal y representantes de los trabajadores inmigrantes...
Estas características del movimiento de trabajadores inmigrantes de El
Ejido son del todo útiles para superar la actual situación de
desmovilización del conjunto de los trabajadores -que ha permitido revalidar
a Aznar su gestión de gobierno-, de división entre sectores de
la clase (precarios, fijos…) frente a la falta de credibilidad de los dos
sindicatos mayoritarios, para exigir que estén del lado de los trabajadores
más explotados (sean inmigrantes, precarios, jóvenes o parados)...
Extractos de la editorial LI 10. 26 de abril de 2000.
Vanguardia de la lucha obrera frente al PP
El ejemplo de los trabajadores inmigrantes de El Ejido al responder a las agresiones
racistas como trabajadores, paralizando la producción, ha dejado semilla.
Las huelgas siguieron en la campaña de la frutilla primero, pero este
verano se multiplicaron protagonizadas por los temporeros inmigrantes en Lleida
o Girona, en los encierros de Murcia, Almeria,... la ocupación de espacios
públicos como Pça Catalunya y la Espanya Industrial de Barcelona...
hasta llegar a las marchas y encierros con motivo de la muerte de los 12 ecuatorianos
en Lorca, o la huelga de hambre en 8 iglesias de Barcelona. Hasta ahora en muchas
de ellas, el gobierno ha retrocedido, se ha comprometido... y hay que volver
a luchar para que cumpla los acuerdos.
Reproducimos algunas muestras.
El Ejido. Raza o clase
La respuesta que los inmigrantes magrebíes han adoptado para hacer frente
la salvaje agresión racista, pone el dedo en la raíz del problema.
Ellos optaron por un método clásico de las luchas obreras, la
huelga general. Y su enfrentamiento directo con la patronal no era gratuito:
es ésta quien se beneficia de su salvaje explotación, la que se
enriquece con el contrato verbal a los magrebíes ilegales totalmente
indefensos ante la ley, la que por arrancar mayores tasas de beneficio, los
empuja a las chavolas cuando no a dormir directamente en el invernadero. Las
bases de la falta de "integración" hay que buscarlas esencialmente
en razones económicas y sociales. Sobre esas condiciones materiales se
asienta el discurso xenofobo y racista que puede encarnarse en el alcalde del
PP, Juan Enciso, y que recibe una base en sectores de población ejidense.
Por eso es tan ejemplar la lucha emprendida por los compañeros: pusieron
en el centro de la lucha antiracista, el problema de clase, de la explotación,
y con él por bandera, reivindicaron condiciones de vida y laborales dignas
con el arma más contundente de que disponían: parando la producción.
Rompieron la división racial contraponiendo la división en clases.
El 25 analizarán la situación, pero sea como sea, nos han recordado
a todos que nativa o extranjera, somos una misma clase obrera.
El "milagro económico"
El "milagro del Ejido" consiste en haber convertido 13.000 hectáreas
de tierra paupérrima en invernaderos de hortalizas que producen 312.000
millones anuales de beneficio. Incrementaron productividad alcanzando las 3
cosechas anuales, aplicaron nuevas tecnologías, y funcionan con una legión
de braceros que diariamente ofrecen su trabajo en carreteras y cruces convenidos,
por un sueldo de miseria. Son los cabezas de familia de los 15.000 inmigrantes
que viven en El Ejido, "junto" a una población nativa de 50.170.
El rendimiento extraído es tan alto que los agricultores del Ejido insisten
cada año en demandar 15.000 nuevos inmigrantes, según informa
la Dirección Provincial de Trabajo. No es de extrañar, con una
mano de obra contratada diariamente en forma oral, sin pago de seguridad social,
sin cotizaciones a Hacienda ni problemas de ruptura de contratos, con la absoluta
flexibilización de la mano de obra que representa el contrato diario,
y con una mayoría de braceros -9.000- perseguidos por la justicia, sin
ningún amparo legal pues son "sin papeles".
Los empresarios del plástico pueden así responder como pocos al
mercado de futuros de Amsterdam, puesto que la contratación de inmigrantes
clandestinos les permite responder a las oscilaciones de los precios con un
márgen de 10 días, combinando el mantener los invernaderos cerrados
con el empleo de pequeños ejércitos que trabajan hasta más
de 10 horas diarias según determinen los precios de la ciudad holandesa.
Los sueldos son tan paupérrimos y faltos de constatación por contrato
que el 63% de los 6.000 legalizados lo "completan" con el cobro del
PER (subsidio de paro agrario) aunque sigan trabajando de invernadero en invernadero
o recojan albaricoque en Murcia cuando aquellos descansan.
La falta de vivienda es otra de las claves. Los inmigrantes se hacinan en chamizos
y chabolas, sin agua ni luz, llamadas "cortijos" aunque su realidad
diste mucho de la acepción de esa palabra. Los otros, los últimos
que llegaron, ni siquiera disponen de ellos y pasan noches enteras en el suelo
de los invernaderos.
Todo ello, sobradamente conocido y permitido por las autoridades desde hace
años, ha sido el sustrato del conflicto racial de febrero.
Racismo de estado al servicio de la explotación
Estos grandes negociados tienen su cobertura ideológica y legal. Desde
el Estado, la Ley de Extranjería se encarga de mantener ilegal, y con
ello susceptible de represión, una mano de obra semiesclavizada que sólo
lo seguirá siendo mientras garantice su docilidad. Se garantiza así
que a las pateras que utilizaron para huir del hambre y la miseria tengan continuidad
en los eslabones más sumergidos del trabajo en negro. Es el mismo aparato
de estado -leyes y policía- quien facilita las condiciones de la superexplotación
e imponen la marginalidad sobre la que de inmediato se ponen a trabajar los
ideólogos del racismo, del enfrentamiento entre pueblos, para desviar
la lucha entre clases. Con modificaciones incluídas la Ley de Extranjería
sigue santificando esta situación.
Esa ilegalidad es el caldo de cultivo de la delincuencia que sirve nuevos argumentos
a la xenofobia: los extranjeros suponen el 1,3% de la población del estado,
pero representan más del 17% de la población reclusa. Y no es
cultural: es la misma relación que existe en EEUU con los hispanos. En
nuestro país, las dos regularizaciones realizadas hasta ahora se encargan
de mantener esa situación. Más de 60.000 solicitudes se presentaron
para los 30.000 empleos del cupo de 1999: la mitad se quedó sin permiso
de trabajo.
A esos elementos falta otro: el del paro procedente de reconversiones, desmantelamiento
industrial y reformas laborales que tan pingües beneficios han dado a las
multinacionales y la banca. Todos ellos, aislados de su raíz, se tiñen
de racismo para servir de "justificativo" a la salvaje agresión
de El Ejido, así como a los 8.500 ejidenses que apoyaron a su alcalde
del PP para que no cediera los terrenos del pueblo para la instalación
de los marroquíes.
Se quedan sólo en palabras y declaraciones de buenas intenciones quienes
hablan de integración sin abordar en primer plano la derogación
de la Ley de Extranjería, sin arrancar de raíz la base de la ilegalidad
y con ella de la superexplotación y la marginalidad.
Una huelga ejemplar
Abordar el problema de fondo, atajando la lógica respuesta de profundizar
el enfrentamiento entre pueblos, fue el gran mérito de los trabajadores
marroquíes.
Su método, el de la huelga general, transformó el miedo inicial
que impedía salir para ir a trabajar, en una lucha organizada y contundente
en plena temporada de recogida del pimiento, que impuso en la negociación
los 9 puntos presentados por los trabajadores.
Los clásicos piquetes, las asambleas, y las votaciones, fueron el camino
para iniciar y suspender el paro hasta el próximo día 25 en que
se evaluará el cumplimiento de los acuerdos.
Su fuerza sentó a negociar a los empresarios almerienses (Asempal) y
los exportadores de Ecophal con los sindicatos CCOO y UGT, las organizaciones
agrarias UPA, ASAJA y COAG, la Asociación El Wahda, Almería Acoge,
la Comisión de Inmigrantes de El Ejido, y la Asociación de Trabajadores
Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), así como el compromiso
de la Junta de Andalucía de que se cumplan...
Extractos LI 8. Febrero 2000
El Ejido
Asignatura pendiente: la regularización
La protesta empizó el día 17 de septiembre con una concentración
en frente de la Subdelegación del gobierno, dónde estuvieron dos
días y al no hacerles caso, el día 19 de septiembre deciden entrar
en encierro en la iglesia San Juan de Almería. Miembros del Consejo de
los Trabajadores Inmigrantes en Almería intervienen en el encierro apoyando
y organizando esta medida de protesta, movilizando otros colectivos como el
caso de la Coordinadora de Asociaciones Subsaharianas. A los tres días
del primer encierro, la Coordinadora decide entrar en otro encierro en la sede
de los sindicatos en Roquetas,...Igual que siempre, los inmigrantes protestan
y CC.OO., UGT, Almería Acoge y Mujeres Progresistas manipulan y negocian
por la espalda después de una semana de encierro. Representantes de los
inmigrantes encerrados empiezan a negociar con las autoridades,... Como siempre,
política de parcheo para quitarse el muerto de encima y compromisos falsos
que luego no se cumplen. ¿Dónde están los compromisos del
12 de febrero?; ¿dónde los del 23 de abril?; ¿dónde
están...?
Consejo de Trabajadores Inmigrantes de Almería.
Extractos LI 13.Octubre 2000
Girona
Aclaración de la muerte de Mohamed
Mohamed El Azizi era un inmigrante magrebí, luchador y apreciado por
sus compañeros, que trabajaba desde hace 14 años como temporero.
El Azizi desapareció el 8 de septiembre y, una semana más tarde,
se encontró su cuerpo en una acequia de la playa de l'Amfora, a dos kilómetros
de St Pere. Los primeros resultados de la autopsia realizada por el forense
no indican ningún signo de violencia: la familia y su abogado han hecho
una demanda, y los compañeros de Mohamed han iniciado acciones contra
estos resultados.
La manifestación del 24 fue convocada por la Asamblea que se constituyó
después que los compañeros de Mohamed, una semana antes, se declarasen
en huelga.
...Una comisión de inmigrantes y organizaciones nos reunimos con el Delegado
Territorial exigiéndole el compromiso de una investigación inmediata
de los hechos y contrastándola con la que presentaron los Mossos d'Esquadra.
Se arrancó un compromiso verbal del Delegado pero paralelamente la Asamblea
propondrá actuar como acción popular para la demanda de una nueva
autopsia.
Extractos LI 13. Octubre 2000
Barcelona
Papeles trabajo y techo
Más de un centenar de trabajadores subsaharianos y una treintena de
búlgaros estuvieron malviviendo en la Plaça Catalunya y el Parc
de l'Espanya Industrial respectivamente hasta que a raíz del acuerdo
entre las tres administraciones -local, autonómica y central-, el ayuntamiento
de Barcelona les dio alojamiento en el albergue de Valldonzella. Cuando escribimos
estas páginas, aun no se han cumplido ni el compromiso de la Generalitat
de ofertas de trabajo ni el del Gobierno Central de documentación.
Su forma de lucha fue ocupar la calle y movilizarse, encontrando el apoyo de
organizaciones y colectivos que se constituyeron en plataforma y que además
de manifestaciones, realizaron la Acampada de la Vergüenza en plena Pça
Catalunya.
Fueron los primeros colectivos que, masivamente, se sindicalizaron. Muchos de
los inmigrantes subsaharianos habían sido detenidos en Canarias o Algeciras,
y fueron traidos directamente por el gobierno en aviones al Centro de Internamiento
de la Verneda para después, sin documentación, dejarlos en las
calles de Barcelona.Extractamos algunos párafos de la entrevista que
le hicimos a Edwin Oto, uno de sus representantes. (LI14, noviembre 2000)
LI- ¿Cuál crees que es la relación entre vuestra situación
y la de los inmigrantes búlgaros que están en el Parque de la
España industrial?
EO- Nuestra situación y la de los búlgaros que viven en la España
Industrial es la misma, excepto que nosotros entramos en el país sin
documentación.
...
LI- ¿Por qué decidisteis afiliaros a un sindicato, en concreto
al CGT?
EO- Decidimos entrar a un sindicato principalmente para influir en él
para que dedicara más atención a nuestra situación, porque
como afiliados, podemos asistir a sus reuniones y en ellas tener la oportunidad
de presentar nuestra situación y recibir más apoyo del sindicato.
Aunque la propuesta de entrar a un sindicato se hizo en la asamblea general
de la Plataforma, nosotros decidimos hacerlo a CGT porque de los tres grandes
sindicatos, la CGT fue la más accesible a nosotros.
Barcelona
Huelga de hambre
"Las organizaciones y entidades abajo firmantes apoyan sin condiciones
la lucha de las personas inmigradas, encerradas y mayoritariamente en huelga
de hambre, y hacemos nuestras sus reivindicaciones:
1.La exigencia de garantías inmediatas de que todos ellos obtendrán
la concesión de permisos de residencia y traajo.
2.Máxima ampliación de los supuestos de revisión de oficio
de las regularizaciones denegadas y que la revisión se haga con la mayor
amplitud posible a nivel del Estado Español.
3.Entrevista con el Delegado para la inmigración del Gobierno del Estado
Sr. Fernández Miranda.
4.Asignación de un presupuesto especial y dotación de la plantilla
necesaria a fin de que estos trámites se lleven a cabo con la máxima
celeridad.
5.Garantia de que no se llevarán a cabo ninguna sanción ni deportación
contra las personas inmigradas en lucha.
... Consideramos que la causa de esta situación es la actual Ley de Extranjeria
que rechazamos y por tanto pedimos su derogación así como la regularización
de todas las personas inmigradas."
Extractos del manifiesto de la Plataforma en solidaridad
con los inmigrantes en lucha que firman 25 asociaciones, 5 organizaciones sindicates
y 10 partidos -entre ellos, LI-
31-1-2001.
Movilización para parar la ley de extranjería del PP
Aunque este artículo fue escrito en noviembre -LI 14- antes de su aprobación,
creemos que ahora, ante la aplicación de la ley, conserva toda la vigencia,
tanto más cuando son las movilizaciones las que estan frenándola.
El contenido
1. La "absolutamente innecesaria Ley 4/2000 del 11 de enero", aún
en vigor, introdujo pequeñas modificaciones respecto a la Ley del 85
que representan un avance, aunque mínimo, en el respeto a derechos fundamentales
políticos, sociales y jurídicos de los extranjeros en España
-que con la introducción de las figuras del "residente legal"
y el "residente ilegal" incluía también mejoras para
quienes no disponían de papeles-. Los derechos fundamentales de: reunión,
manifestación, huelga, sindicación, educación, asistencia
sanitaria y jurídica en igualdad de condiciones, ahora, con la contrarreforma
del PP quedan limitados y se restringe el ámbito de aplicación
exclusivamente a quienes tengan permiso de trabajo y residencia. Desaparece
la figura del "residente ilegal" y con ella cualquier derecho para
estos. Condenados a la ilegalidad, y a la más absoluta indigencia, los
convierte en objeto de actuación de las mafias y la sobre-explotación.
2. La contrarreforma introduce de nuevo la diferenciación entre "permiso
de residencia" y "permiso de trabajo" . Lo que de nuevo provoca
que trabajadores que habiendo obtenido el permiso de residencia sea por causas
de reagrupación familiar u otra circunstancias, no podrán trabajar
por no disponer del correspondiente permiso de trabajo, como ya ocurría
con la Ley de Extranjería de 1985.
3. En cuanto al régimen de sanciones y los centros de internamiento.
Se endurece el régimen de sanciones que pueden dar origen a la expulsión
y se amplia "hasta 40 días, período que podrá ampliarse
mediante la renovación del proceso" el tiempo de internamiento hasta
lograr la expulsión. No es por tanto de extrañar que el gobierno
anunciara recientemente la destinación de un elevado presupuesto para
la creación de nuevos centros de internamiento tras la cortina de la
necesidad de adecuar los actuales y evitar el hacinamiento.
4. Simplifica el régimen de "permisos especiales" quedando
limitados estos a estudiantes y personas que vienen al país para desarrollar
una actividad determinada en un tiempo limitado. Desaparecen así los
permisos especiales a los que poderse acogerse en situaciones excepcionales
por razones de índole humanitaria y que en cierta medida trataban de
enmascarar y justificar la vulneración permanente en la aplicación
de la Ley de Asilo por parte del Estado Español.
Los objetivos
Se trata de una Ley cuyo intento es blindar las fronteras, al servicio de los
intereses económicos de la Unión Europea. Es decir, regular con
precisión los flujos migratorios de acuerdo a las demandas de mano de
obra del capital. No hay más que tener en cuenta las declaraciones de
Marcelino Oreja-Ministro de interior, haciendo el llamamiento a la prudencia
de todos los grupos parlamentarios en la presentación del proyecto en
el Congreso de los Diputados y sus manifestaciones hacia la defensa de la contrarreforma
como "la necesidad de adecuarse al marco legal de Unión Europea".
O las declaraciones del Secretario de Estado para la Inmigración, Enrique
Fernández Miranda manifestando con orgullo que "El resultado final
de los trabajos es espléndido. Dispondremos de la mejor Ley de la UE".
La contrarreforma del PP y de todos sus cómplices trata la inmigración
como un problema y no como una necesidad impuesta por el capitalismo, favorece
la actuación de las mafias y la profundización de un estado policial,
favorece el crecimiento de los sentimientos racistas y xenófobos creando
un estado de alarma social que actúa sobre la opinión pública
y sobre la conciencia de los trabajadores a quienes orienta al enfrentamiento
queriendo hacer creer que son aquellos la causa de la falta de empleo. Además,
la imposición de la ilegalidad absoluta, sin ningún derecho, no
hace sino reducir el horizonte del inmigrante sin papeles a la marginalidad
o el trabajo en negro, reforzando el citado clima de alarma social
Hablamos de una contrarreforma de la que el mismo Consejo General del Poder
Judicial y Jueces para la Democracia dicen que, más que una ley de integración
se parece a una ley de control judicial. Pero al hilo de estas críticas
así como a las escuchadas desde partidos políticos y agentes sociales
y sindicales, debemos desenmascarar y denunciar cual es su posición real.
¿Cambio de chaqueta en apenas un año?
¿Qué ha pasado con quienes no hace ni un año fueron adalides
de la actual ley y trataron de venderla como la máxima expresión
de los derechos democráticos? Ya entonces denunciamos la imposibilidad
de hablar de democracia en una ley que por su misma existencia no puede serlo,
ya que nace justamente para dividir a los trabajadores según étnia
y origen. Hoy la Ley 4/2000 está en proceso terminal sin que siquiera
se haya llegado a desarrollar el reglamento necesario para su aplicación:
¿hablamos de una ley fantasma o es que todos dan por hecho que ya ha
cumplido el objetivo para el que fue aprobada?. No hay otra que pensar que la
respuesta es la segunda y que el objetivo con el que se concibió era
tratar de amortiguar el nivel de conflictividad que podía generar una
población creciente en condiciones de irregularidad -como periódicamente
fueron haciendo los gobiernos del PSOE a través de las "amnistías",
sólo que esta vez el proceso estuvo adornado de ley ante las inminentes
elecciones generales de marzo- y allanar el camino hacia la llegada de la Ley,
que en verdad, se quiere implantar. Una ley que responda a los compromisos económicos
de España con el resto de la Unión Europea, como señalaba
el propio Mayor Oreja y que dada su situación estratégica cumpliera
el papel de guardián para el resto de Europa y blindara sus fronteras.
Así, Coalición Canaria y Convergencia i Unió, dan su apoyo
incondicional a la contrarreforma, al parecer a cambio de ser oídos a
la hora de establecer el contingente de trabajadores en sus comunidades. IU,
PNV y el Grupo Mixto presentaron enmiendas a la totalidad que fueron rechazadas,
pero ninguna de ellas cuestionó la existencia misma de cualquier ley
de extranjería.
El PSOE, aludiendo al pacto de Estado decidió abstenerse en la primera
votación, IU por su parte, presentó enmiendas parciales pidiendo
la unificación de permiso de residencia y trabajo y que se facilite la
regularización a aquellos que lo solicitaron durante el proceso de regularización
extraordinario y les fue denegado. El PSOE ya anuncia que el 23 de noviembre
votará a favor si tal supuesto es pactado.
La mayor complicidad: la desmovilización
Pero ya antes de iniciarse el debate de la contrarreforma -aún lejos
de su entrada en vigor-, desde todos los ámbitos políticos parlamentarios
y extraparlamentarios y desde los agentes sociales y sindicales mayoritarios,
se planteaba la incapacidad para oponerse a la contrarreforma dada la mayoría
parlamentaria del PP.
Sin embargo, a nadie se le escapa que desde ninguna de estas posiciones se ha
intentado movilizar a sus bases sociales ni al conjunto de los trabajadores
para oponerse a este proyecto. Claro que es mejor enmascararse ante la "imposibilidad
de afrontar una lucha abierta y directa " que en ultimo caso, habría
llevado a cuestionar no solo la contrarreforma, sino hasta la misma mayoría
del PP. Se trata de una opción política y por tanto de la complicidad
de todos aquellos que a pesar de sus manifestaciones públicas no han
hecho más que favorecer el sentimiento de imposibilidad de frenar este
proyecto. O lo que es lo mismo han favorecido el crecimiento de esa conciencia
social y se han convertido en cómplices de la contrarreforma. Así
ha ocurrido con las organizaciones sindicales mayoritarias. Ni CCOO ni UGT han
tomado en consideración que la razón de su existencia es "la
defensa de los trabajadores" y por la vía de los hechos y la desmovilización,
se convierten en cómplices de la contrarreforma y condenan a los trabajadores
extranjeros a no poder luchar por la defensa del derecho al trabajo y la vida
dignas.
La aprobación de la Ley parece inminente y solo es posible frenarla con
la movilización de todos los trabajadores presionando a todas las organizaciones
políticas, sindicales y sociales para que se opongan a la contrarreforma
así como a cualquier ley que trate de limitar el derecho de los trabajadores
a elegir donde vivir y donde trabajar.
Sólo con la movilización, pararemos la contrarreforma del PP
Hay que exigir a CCOO y UGT que encabecen la lucha contra la nueva ley.
Autóctona o extranjera,
una sola clase obrera.
Por la derogación de cualquier ley de extranjería
LI14-Noviembre 2000
Contra el PP y su ley
Sindicalizar y unificar las luchas
El inmigrante que llega a un país imperialista está sometido a
la más dura temporalidad y desregulación laboral para permitir
niveles de superexplotación máximos, al tener negados hasta el
reconocimiento de papeles legales y los derechos que se derivan de ellos. Así
pues el inmigrado -y particularmente mientras no tiene papeles- se convierte
en el sector más explotado de la clase obrera y por tanto lo primero
que debería encontrar son abiertas las puertas de las organizaciones
sindicales.
Una concepción inservible para las luchas actuales:
las propuestas de los sindicatos hasta hoy.
A pesar de que las organizaciones sindicales hace ya años que tienen
una política hacia la inmigración, ésta siempre se ha situado
fuera de las estructuras sindicales, particularmente mientras no tuviesen papeles.
Los sindicatos ofrecían asesoramiento legal o participaban de las movili-zaciones
de inmi-grados a través de organismos específicos que en unos
casos ni ofrecían la afiliación y en otros lo hacían a
la asociación en lugar de al sindicato. Así se han creado el CITE
de CCOO, Amic de UGT o Puertas Abiertas de CGT. De hecho, con criterios más
cercanos a una ONG que a un sindicato, por más que la política
de unos y otros fuera muy diferente especialmente respecto al tema clave de
la Ley de Extranjería. Y el calificativo de ONG no es peyorativo, sino
descriptivo: se trata de organizaciones que se mueven entre una definición
general de principios respecto a la ley -que no niega las movilizaciones correspondientes-
y la cotidianidad del asesoramiento jurídico del otro, con un enorme
hueco en lo que sería acción sindical, es decir, la política
de cada día hacia la movilización de sectores de trabajadores
por reivindicaciones propias.
Eso quizás no tenía más importancia que la ideológica,
hasta que los propios inmigrantes han empezado a encabezar y organizar sus luchas.
Porque estas luchas no han surgido ni contra la ley ni por su reforma, sino
que han sido esencialmente defensivas y circunscritas a la problemática
concreta de los compañeros que se movilizaban. Exactamente igual que
cualquier otra lucha obrera. Pero que Puertas Abiertas, CITE o Amic no lo viesen
así no es problema de ellas porque no era esa la finalidad con que se
concibieron, sino que el problema es que las centrales sindicales no estaban
preparadas para dar cabida a un sector tan importante como el de los trabajadores
inmigrados, y particularmente los irregulares.
La necesidad de la unidad de la clase también
a nivel organizativo
La experiencia que arranca cuando en El Ejido se entra a exigir el cumplimiento
del convenio del campo señala a la vez dos situaciones. Por una lado
cómo y quién hace el seguimiento de aplicación de los convenios
-no digamos ya su negociación- que no son en ningún caso representantes
de los inmigrados irregulares o estrechamente ligados a ellos; por el otro que
la división de los trabajadores según el origen y la situación
legal es una maravilla que da muchos beneficios a la patronal y que permite
golpear a la vez sobre los dos sectores: el inmigrado porque no tiene ninguna
estructura organizativa que lo apoye, y el autóctono que, aunque quiera
"pasar", sentirá como las condiciones laborales irán
bajando bajo la presión de una bolsa de mano de obra prácticamente
esclava. Para imponer condiciones de trabajo regularizadas y dignas el trabajador
inmigrado necesita este espacio para dar más contundencia a sus reivindicaciones.
Para mantener y aumentar el nivel de las condiciones laborales, el autóctono
debe tomar como suya la defensa del inmigrado si no quiere que tarde o temprano,
acabe sufriendo sus consecuencias. No es pues una cuestión sólo
moral o solidaria, -que por otro lado también debería ser evidente-
sino la necesidad imperiosa de unos y otros de conseguir la unidad de los trabajadores
frente a la patronal, tanto en las luchas puntuales como en las mismas organizaciones.
Por último, y como decíamos al principio, ésta es la mejor
aplicación práctica de la lucha política contra el gobierno
del PP y su ley de extranjería porque rompe con la división que
la ley y los grupos racistas y xenófobos quieren imponernos a todos.
¿Y la autoorganización dónde queda?
Nosotros no la negamos, la apoyamos como con cualquier otra lucha: los métodos
asamblearios, la elección directa de representantes, y todo lo que comporta
la democracia obrera y que es uno de los elementos que han dado las luchas de
los inmigrados, no sólo no ha de quedar substituido por la sindicalización,
sino que al contrario, ha de ser un revulsivo para volver a recuperarla en las
organizaciones y las luchas donde se han perdido.
Tampoco discutimos formulaciones sindicales internas para tratar problemas específicos,
aunque pertenezcan a diferentes sectores sindicales. Como tampoco agrupamientos
externos al sindicato sea por sectores productivos, por comunidades o por afinidades
políticas, exactamente igual que cualquier otro trabajador que además
de al sindicato pertenece a otro colectivo, asociación o partido político.
Aquí lo único que está en cuestión es si damos los
mismos derechos que tenemos nosotros como trabajadores, a cualquier inmigrado,
más allá de su situación legal o no. Y nosotros contestamos
categóricamente que sí, para la suya y para nuestra lucha porque
las dos son una.
Por un frente sindical y político defensivo
contra la Ley de Extranjería
A nadie escapa que a pesar de que impulsamos la unidad de la clase, incorporando
a los compañeros inmigrados al sindicato, la división de los trabajadores
seguirá existiendo, entre otras cosas por la división sindical.
Pero también en eso el ataque del gobierno es tan profundo que una cosa
plantea la otra. La nueva ley penaliza la solidaridad de conjunto, pero específicamente
a aquellas organizaciones que cuenten entre sus afiliados con trabajadores sin
papeles. Así pues, hacerlo nos sitúa directamente frente a la
ley del PP, aunque sólo sea por desobediencia civil. Las declaraciones
de Fernández Miranda han sido reiterativas en este punto, refiriéndose
explícitamente a los sindicatos. Así si la desobediencia civil
debe ser el primer paso para enfrentar al gobierno, al mismo tiempo, hay que
construir un frente político y sindical defensivo contra sus ataques:
en primer lugar en defensa de los sin papeles, pero en segundo, en defensa de
nuestras propias organizaciones. La ley del PP por un lado y la lucha decidida
de los trabajadores inmigrados del otro no dejan espacio a las dudas: hay que
responder todos a una:
Ninguna expulsión.
Ninguna represión ni sobre los inmigrados ni sobre las organizaciones
que les apoyan.
¿Reforma o derogación?
Estos días mientras extendíamos la solidaridad con la lucha de
los inmigrantes, a menudo -entre compañeras y compañeros- saltaba
una pregunta: ¿pero es posible pedir papeles para todos?, ¿pedir
que no haya restricciones al libre movimiento de la gente no provocaría
un alud de llegada de inmigrantes imposible de digerir? Este es también
el discurso de las direcciones de CCOO y UGT, del PSOE y de IU. Efectivamente
ellos razonan en el sentido de las posibilidades de absorción de mano
de obra que tiene un país, es decir de las necesidades concretas de las
empresas, para decidir, desde esta óptica cuáles son las posibilidades
de recibir inmigración. Hay que ser razonable, nos dicen los dirigentes
de estos partidos y sindicatos, es triste la situación de muchos trabajadores
en el tercer mundo, pero sería una irresponsabilidad no establecer una
Ley de Extranjería que limite la entrada de inmigrantes.
Nuestra óptica es justo la contraria. Partimos de las necesidades que
tienen los trabajadores, trabajadores de todo el mundo, del derecho mínimo
a la subsistencia, a trabajar. Este derecho a sobrevivir o a hacerlo con un
mínimo de dignidad está negado por el capitalismo en muchos lugares
del planeta, en la mayor parte. ¿Por qué? Porque llevamos décadas
de capitalismo con una expoliación sistemática de estas zonas
al servicio del enriquecimiento de unos monopolios (control de las mejores tierras
para monocultivos de exportación, destrucción de la industria
nacional, políticas de privatización y reducción del gasto
público...) y el capital financiero internacional (deuda externa). Esto
ha conducido a la miseria y a dictaduras, que son los principales motores de
la inmigración hoy (ver artículo sobre globalización e
inmigración). Actualmente el capitalismo y un mínimo de condiciones
dignas para la gente son dos realidades incompatibles y a más se "desarrolla"
una, más se agrava la otra. Por eso hay que hacer una elección
entre el derecho de los trabajadores a intentar sobrevivir respecto de las necesidades
de mano de obra de las empresas. Obviamente optar por una es entrar a profundizar
las contradicciones de la otra.
Ninguna organización que se reclame de los trabajadores debería
apoyar medidas para impedir la entrada en un país de trabajadores que
por motivos de persecución o hambre busquen trabajo en otras partes del
mundo. Restringir este derecho es responsabilizar de estos males a los propios
trabajadores - en lugar de a los estados y al sistema capitalista- de la miseria
del mundo. Este principio, esencial y un principio elemental en el mundo sindical,
ha sido recogido hasta por la declaración Universal de los Derechos Humanos,
aunque no lo respeta ninguno de los gobiernos occidentales. Todos sabemos que
son estas exclusiones las que posibilitan las acciones de las mafias, que en
condiciones de legalización de la inmigración quedarían
totalmente fuera de lugar. Cualquier regulación que se pretenda, en tanto
que supone exclusiones, impulsará las mafias
Así pues ser realista, sin acabar siendo cómplice de las injusticias
que impone el sistema económico capitalista, es defender la libre circulación
de trabajadores y afrontar los problemas de origen del flujo migratorio. Ser
realista es tener una política permanente de solidaridad con las luchas
que llevan los trabajadores en otros lugares del mundo.
Pero, seguirán respondiendo: ¿Sería sostenible un flujo
continuado de trabajadores de los países semicoloniales hacia los países
occidentales? Muy probablemente no, pero que se intente evitar no resuelve el
problema, sólo lo mantiene fuera de nuestras fronteras: la gente sigue
en la más absoluta miseria. Si aceptáramos que haya limitaciones
-en las actuales situaciones de miseria creciente en la mayor parte del mundo-
estaríamos, activa o pasivamente, condenando a la miseria y quizás
a la muerte a millones. Además, nos convertiríamos en cómplices
de la muerte en las pateras y de la marginación y la sobreexplotación
de los inmigrantes residentes entre nosotros en condiciones de ilegalidad.
La realidad es que estamos ante un problema irresoluble en el marco del capitalismo.
Realmente el capitalismo es incapaz de tener una política para la mejora
de las condiciones de vida en la mayoría del planeta. Al contrario todo
lo que hace lo agrava, con la cual cosa es el capitalismo el principal impulsor
de los movimientos migratorios. Porque el alud de inmigrantes no está
motivado por la legislación del Estado español sino por las condiciones
terribles que se viven en los países del sur.
En consecuencia rechazamos cualquier regulación que pueda hacer el Gobierno
en tanto que defendemos por encima de cualquier otra cosa el derecho al trabajo
que es el derecho elemental de cualquier trabajador en el marco de este sistema.
Derogación de cualquier Ley de Extranjería:
Papeles para Todos
3-2-2001